LÁZARO CÁRDENAS, Quintana Roo, 4 de diciembre.- Ubicada al norte del estado de Quintana Roo, Yum Balam es el claro ejemplo de un Área Natural Protegida (ANP) de papel, que ante el vacío de autoridad, rápidamente se está convirtiendo en un paraíso de concreto, donde por todos lados y a toda hora, se ven albañiles trabajando.
Creada el 6 de junio de 1994 por decreto presidencial, Yum Balam carece de un Programa de Manejo con reglas claras sobre lo que tienen permitido hacer los dueños de las tierras, a pesar de que el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece un plazo máximo de 365 días para la publicación de este instrumento de planeación y regulación, que en este caso tiene 23 años de retraso.
La proliferación de bodegas para la venta de materiales de construcción es muy notoria, tanto en la parte continental de la reserva, que es el pueblo de Chiquilá, como en la porción marítima, en la Isla de Holbox.
Gamaliel Zapata, hijo de un ejidatario y representante de la Agrupación Todos Unidos por Holbox, advirtió que la isla chica, donde se encuentran asentados alrededor de dos mil 500 habitantes y hoteles con más de dos mil cuartos, es una zona de obra, sin ninguna ley que la proteja.
“Holbox, hoy por hoy, es un pueblo sin ley, donde el único que manda es el dinero”.
En un recorrido realizado por Excélsior, pudo constatarse que existen por lo menos 15 obras de construcción en proceso, con el uso de maquinaria pesada como trascabos, que espantan a las aves migratorias que utilizan el sitio para anidar.
Aunque hay algunos predios clausurados por la Profepa, junto a ellos hay otros donde las obras avanzan rápidamente, además que hay decenas de terrenos donde el mangle fue talado o quemado y el terreno aplanado para dar paso a las pilas de concreto, que aparentemente nadie ve hasta que el daño ya está hecho.
Sandra Moguel, directora regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el Sureste señaló que a las organizaciones de la sociedad civil les preocupa muchísimo la ausencia institucional.
“El Programa de Manejo no es la panacea, porque va también de la mano con la inspección y la vigilancia, así como un financiamiento suficiente porque, de lo contrario, sólo tienes una declaratoria bonita de que es un área protegida, pero realmente no es ejecutable”, advirtió.
La oficina regional de la Profepa y la Conanp, inaugurada en Holbox hace exactamente un año, “para atender de manera oportuna la problemática ambiental y contener la degradación de los recursos naturales de la zona”, dotada con cuatro inspectores federales e igual número de cuatrimotos, hoy se encuentra cerrada, abandonada y con candados en las puertas.
El alcalde de Holbox, René Correa, explicó que las instalaciones se clausuraron después de que hubo algunos roces con el ejido.
“La Profepa y la Conanp siento que son dos dependencias federales que deberían estar aquí, nosotros ya platicamos con el procurador federal y le dijimos que el Palacio está a sus órdenes para que hagan sus oficinas”, comentó.
Al caer la tarde, es común ver en el muelle de Chiquila, transportistas que aguardan el ferry para cruzar a la Isla de Holbox con toneladas y toneladas de materiales de construcción.
Ante la anarquía que reina en Yum Balam, las autoridades municipales hicieron su propio reglamento, que establece que las edificaciones no pueden superar los diez metros de altura y que en las obras se deben utilizar materiales de la región, lo que por supuesto, nadie cumple.
Emilio Jiménez, presidente municipal de Lázaro Cárdenass, denunció que la anterior administración encabezada por Luciano Sima entregó 400 permisos de construcción en la Isla de Holbox, y la mitad de ellos, 200, casi al finalizar su período en septiembre de 2016.
Aseguró que se hicieron cobros por estas autorizaciones pero no ingresaron a las arcas, “hubo entradas que no vimos nosotros, y ahora estamos pagando los platos rotos”.
Mientras tanto, en el mar, la nula presencia de oficiales de la Conapesca permite la violación de vedas y el uso sin control de redes que no sólo degradan las especies comerciales, sino que afectan tortugas marinas, cocodrilos y el manatí.
Juan Valerio, pescador de Chiquilá, reconoció que no hay vigilancia y esto provoca que haya pesca furtiva de gente que llega en embarcaciones desde Campeche.
“Casi todo el tiempo ha estado vedado, pero no hay vigilancia, las autoridades no hacen nada; la bronca que hubo el año pasado acá fue que entró mucha gente a piratear langosta”, detalló.
Ignacio Cáceres, ejidatario de Chiquilá, acusó a la Conanp de seguir entregando permisos para el nado con tiburón ballena a particulares y recomendados, lo que representa un peligro para la especie protegida por la saturación de embarcaciones.
“Nosotros ya estábamos trabajando la ballena con 30 lanchas, nada más, pero vinieron ellos y le dieron permiso a Aquaworld, que tiene muchos recursos y llegan con lanchones, mientras que a los nativos les prohíben ganar algo de dinero con el tiburón”, subrayó.
Este diario solicitó a la Conanp una entrevista con José Juan Pérez, director del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, para conocer su postura sobre la problemática que enfrenta la reserva, pero, ante nuestra insistencia, la respuesta de Karla Rojo de la Vega, directora de Comunicación y Cultura para la Conservación, fue que “por el momento éste no era tema para la Conanp.” (FUENTE: El Excélsior)