CANCÚN, Quintana Roo, 29 de diciembre. – Advierte la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan que la terminación anticipada o la pérdida de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de agua residual representó un factor de riesgo para un total de 22.5 millones de trabajadores a nivel nacional que participan como inversionistas a través de las afores.
Esto luego de que la concesión de la empresa vence el 31 de diciembre y después de que los diputados el pasado 22 de diciembre decidieron no ampliar la concesión hasta el 2043.
La empresa explica que una cancelación ilegal de la concesión impactaría significativa y negativamente en el patrimonio de estos trabajadores a nivel nacional, además de la confianza de los inversionistas, del estado de derecho y la seguridad jurídica de Quintana Roo.
Insisten en que la cancelación definitiva de la concesión es ilegal y que además generará la obligación del gobierno del estado y de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos de indemnizar a la empresa y a sus inversionistas, entre ellos a estos 22.5 millones de trabajadores y que además esto repercutirá en las finanzas públicas del estado, ya que la indemnización deberá cubrir los miles y millones de pesos invertidos por la concesionaria y a lo largo del tiempo.
Finalmente, hacen un llamado urgente a todos los órganos del estado, especialmente a la gobernadora Mara Lezama, para que se conduzcan dentro del marco legal, protejan el derecho al agua y los derechos constitucionales de quienes invierten en el estado.