CANCÚN, Quintana Roo, 23 de febrero. – La titular de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, deberá aclarar el destino de al menos 79.7 millones de pesos ejercidos durante el 2020, que no pudo comprobar ante el máximo organismo auditor del país.
En su informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, dado a conocer hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó que 32 Servicios de Salud Estatales del país y el OPD del estado de Guerrero deberán aclarar el destino de un monto por 6,464.0 millones de pesos.
La entidad quintanarroense aparece con un monto por aclarar por 79.7 millones de pesos, correspondiente a la cuenta pública 2020, de los Servicios Estatales de Salud
En el documento público que el estado de Quintana Roo se encuentra dentro de los únicos 10 estados del país que deberán aclarar el destino de sus recursos ejercidos en materia de salud pública y gratuita, y que fueron redireccionados, en su mayoría, para atender la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
La entidad quintanarroense aparece con un monto por aclarar por 79.7 millones de pesos, correspondiente a la cuenta pública 2020, de los Servicios Estatales de Salud, cuya titular es la doctora Alejandra Aguirre Crespo.
la ASF explicó que las principales observaciones emitidas a los estados fueron porque presentaron balances presupuestarios negativos, excedieron el límite máximo de asignación presupuestal
En su informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF explicó que las principales observaciones emitidas a los estados fueron porque presentaron balances presupuestarios negativos, excedieron el límite máximo de asignación presupuestal para el rubro de servicios personales.
Así también no comprobaron que los ingresos excedentes, derivados de ingresos de libre disposición de los Municipios, se destinaron a los conceptos previstos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de igual manera no acreditan el origen y destino de los recursos de las ampliaciones liquidas otorgadas por la entidad federativa correspondiente.