PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 05 de diciembre. – El acelerado crecimiento de construcciones irregulares en Playa del Carmen ha encendido alertas entre organizaciones ambientales, que detectan un patrón cada vez más recurrente: desarrolladores que inician obras sin permisos, sin transparencia y confiados en que “pedir perdón” será más sencillo que cumplir la normatividad. Desde la asociación Moce Yax Cuxtal se ha señalado que esta conducta se ha vuelto una práctica arraigada en diversos proyectos recientes, que comienzan trabajos sin documentación y sin informar a la ciudadanía.
Así lo advirtió Laura Patiño Esquivel, quien explicó que la organización ha tenido que solicitar de manera constante consultas públicas ante la Semarnat debido al incremento de construcciones que avanzan sin controles ambientales. Señaló que muchas obras aparecen de un día para otro, sin letreros informativos, sin especificar responsables y sin mecanismos claros para la denuncia ciudadana. La falta de información, indicó, permite que algunos proyectos se oculten detrás de la vegetación hasta que ya están avanzados.
Patiño Esquivel destacó que, ante esta tendencia, la participación ciudadana ha sido fundamental, pues cada vez más habitantes detectan irregularidades y exigen claridad. La asociación, junto con SEMDA, ha recorrido casetas de información para identificar proyectos y exigir procesos de consulta, ya que —afirmó— solo una minoría de los desarrolladores cumple plenamente con los requisitos federales, estatales o municipales antes de comenzar obras que, una vez en ejecución, dejan daños ambientales irreversibles.
La activista subrayó que este modelo de construir primero y regular después perjudica a autoridades, empresas y ciudadanía por igual, pues el impacto ambiental recae sobre toda la comunidad. Advirtió además que la falta de señalización en las obras y el uso de barreras vegetales para ocultar los avances representa “una burla” hacia la población. Por ello, consideró indispensable fortalecer la educación ambiental, la vigilancia social y el reconocimiento institucional de que un medio ambiente sano es un derecho humano que aún no recibe la atención adecuada.