CIUDAD DE MÉXICO, 5 de Julio.- En comisiones, esta mañana se aprobó el dictamen que reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Senado se allanó al veto presidencial, es decir, de ese artículo eliminó la obligación de que los particulares y las empresas tuviesen que presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés. En una sesión, que duró media hora, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, sostuvo: “reiteradamente el gobierno ha dicho que la ley no se negocia; así le han dicho al magisterio cuando pide diálogo. Pero la ley sí se negocia con los empresarios”.
La perredista insistió que la ley referida se negoció con la cúpula empresarial, porque aquí, “cuando votamos el artículo 32 nadie pensó que los beneficiarios de programas sociales ni los becarios ni mucho menos las pequeñas empresas, que son las que mantienen el empleo, presentaran sus declaraciones patrimoniales”.
Se pensó, abundó, “en las grandes empresas, ésas que acumulan riqueza, contratos y poder con la participación del Estado, porque ellos no rendirán cuentas”, insistió Padierna. Padierna demandó diálogo del presidente Peña Nieto con el magisterio y que se revise la reforma educativa.
En tanto la senadora independiente Martha Tagle destacó también en la tribuna: “el presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad histórica de regresar a la Ley 3 de 3 a su origen, que los funcionarios públicos hicieran pública su declaración patrimonial completa”. Tagle se dijo avergonzada por tener que celebrarse un periodo extraordinaria para corregir fallas del Congreso que se pudieron haber evitado. “Dijo que el presidente le hizo caso a los empresarios que fueron a protestar al Ángel de la Independencia, pero no escuchó a los 634 mil ciudadanos que firmaron la Ley 3 de 3”.
A su vez, el presidente de la comisión Anticorrupción, el pevemista Pablo Escudero, dijo que se siente orgulloso de haber aprobado el paquete anticorrupción. “La ley obliga a las empresas a presentar sus declaraciones, tendrán que presentar carta de conflicto de interés cuando sea necesario y en la ley redactamos faltas administrativas y penales”.
Ejemplificó: “la ley sí contiene sanciones al tráfico de influencias, al uso indebido de recursos, al cohecho, y más de 45 disposiciones para la IP. La ley va empoderar a los ciudadanos”, sostuvo.
La modificación se aprobó en comisiones por mayoría con la abstención del PRD. El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que esta tarde se apruebe en el pleno en sesión del periodo extraordinario. (FUENTE: La Jornada)