Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, a 28 de octubre. — Con 30 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y lo particular la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecer la improcedencia de juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de Reformas Constitucionales.
Tras la reforma al Poder Judicial que ha generado múltiples amparos, suspensiones y órdenes judiciales por violaciones al proceso legislativo, que incluso instruyeron a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum bajar su publicación del Diario Oficial de la Federación.
En comisiones, los diputados aprobaron la adición de un quinto párrafo al artículo 105 donde precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.
Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
#NACIONALES | Avala diputado por Quintana Roo, Juan Carrillo Soberanis dictamen para garantizar la supremacía constitucional.
— La Pancarta de Quinta Roo (@lapancarta) October 29, 2024
Asegura que la Reforma pretende garantizar que, en México por encima de cualquier interés, sea privado, político, económico, de élite o extranjero,… pic.twitter.com/wPTRVsHvoe
Para quedar: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
En los transitorios se precisa que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
En la discusión los diputados de PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano explicaron que la reforma atenta contra la Constitución y garantiza un poder sin limites al Legislativo y el Ejecutivo, dejando en la indefensión a ciudadanos, al romper incluso con la federación, pues quitaría la oportunidad a los Congresos locales de controvertir reformas constitucionales.
En la votación, el diputado por Quintana Roo y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carrillo Soberanis, destacó que la Constitución es la máxima norma del orden jurídico en México, pero esta se nutre y fortalece de los cambios, que se aprueban democráticamente en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados.
Por lo que, “la reforma pretende garantizar que, en México por encima de cualquier interés, sea privado, político, económico, de élite o extranjero, siempre prevalezca nuestra carta magna y la voluntad del pueblo si es que este a través de sus representantes, decide reformar”.
Aseguró que, no se trata de revanchismo o delimitar las garantías de los ciudadanos. Si no, por “el contrario, se trata de dar certeza de qué se respetará la voluntad del pueblo expresada en la reforma constitucional, no sea detenida por unos cuantos que no gozan de legitimidad alguna. Por ello, no es pertinente, sino también urgente actuar en contra de estos intentos y reafirmar la supremacía de nuestra carta magna, la supremacía constitucional”.
Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.
Mientras su compañera, Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que la reforma marcará un antes y un después en el equilibrio del Poder en México. “Si la Constitución deja de ser una barrera contra excesos del poder, el país se enfrenta a un riesgo autoritario real, donde los derechos y la justicia quedarían vulnerables”.
Favio Castellanos Polanco, diputado de Morena, expuso que la reforma viene a fortalecer lo que dice la Ley de Amparo. “Hoy se reforma para el bien del pueblo de México, aunque la oposición hoy intenta renunciar a la facultad de legislar. Nosotros desde la coalición tenemos un mandato popular y que las reformas sean una realidad”.
La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) subrayó que no puede afirmarse que los derechos humanos están salvaguardados, porque lo que se propone es la eliminación de mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones a la Constitución.
La diputada de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.
Tras cuatro horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.