CHETUMAL, Quintana Roo, 14 de mayo. – El Congreso de Quintana Roo se ubica por encima de la media nacional en materia de transparencia y ha dado un salto cualitativo y cuantitativo a partir de los cambios en la XV Legislatura, señaló Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia, al dar a conocer los resultados de la segunda evaluación que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) -y 11 organizaciones más-, a los Congresos en el país y que incluye a la Cámara de Diputados y al Senado.
“Las nuevas normas en materia de transparencia son una herramienta fundamental para reconocer el derecho que los ciudadanos tienen de saber cómo se trabaja en los Poderes públicos. Hoy podemos decir que dejamos el sótano en el que se ubicaba el Congreso en la Legislatura pasada y nos hemos colocado por encima de la media nacional en el cumplimiento de transparencia. Aún nos falta cumplir al 100 en algunos de los conceptos evaluados, pero seguimos avanzando”, explicó.
El informe del IMCO evaluó 10 conceptos: Derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y software público; accesibilidad y difusión; conflictos de interés; legislan a favor del gobierno abierto.
Este estudio fue levantado entre el 27 de marzo y el 08 de mayo de 2017, es decir, hace un año y es ahora cuando se da a conocer el comparativo nacional; el anterior estudio fue el levantado entre mayo y diciembre de 2014 y sus resultados presentados el 12 de abril de 2015.
El titular de la Unidad de Transparencia dio a conocer los resultados en cada uno de los rubros relacionados con el Congreso de Quintana Roo y estos quedaron, en la evaluación de las 12 organizaciones, de la siguiente manera:
Derecho a la información 100%; participación ciudadana y rendición de cuentas, 62%; información parlamentaria 71%; información presupuestal y administrativa 39%; información sobre legisladores y servidores públicos 39%; información histórica 100%; datos abiertos y software público 0%; accesibilidad y difusión 67%; conflictos de interés 14%; legislan a favor del gobierno abierto 33%.
Sobre estos resultados, Hassan Medina Rodríguez hizo algunas precisiones, pues indicó que el estudio fue hecho hace un año y durante este lapso se han ido actualizando más datos por lo que los resultados, a la fecha, son de un mayor avance.
En el caso de la información presupuestal, se mantendrá contacto con el IMCO pues en una parte reporta el 39%, mientras que en otra reporta 0% lo que pudiese ser atribuible a un error tipográfico y, en tercer punto, en el rubro de datos abiertos se evalúa en cero porque, aunque la información se encuentra publicada, ésta debe estar presentada en un software sin licencia y accesible a todo el público, por lo que se consultará a los evaluadores cuál es el mejor mecanismo.