COZUMEL, Quintana Roo, 28 de noviembre.- Romeo Villanueva Polanco, empresario inmobiliario, define la siguiente historia como “la joya de los robos” en la isla. Se trata de una operación aparentemente muy simple que involucra a personajes clave, inmersos en el remate de al menos 34 predios del patrimonio territorial de Quintana Roo, operación denunciada penalmente por una activista y luego por el actual Gobierno estatal.
Éste es uno de los casos más escandalosos para Villanueva Polanco, empresario nacido en Cozumel y quien asegura que le ha dado seguimiento a la repartición de la isla entre los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, acusados de malbaratar terrenos públicos para beneficiar a familiares, amigos, colaboradores y políticos afines.
Este capítulo inicia con una mujer que compró en diciembre de 2013 un terreno con casi 600 metros de playa. El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE) le vendió a 137 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial es de 200 dólares.
La afortunada mujer pagó 15 millones de pesos, a plazos, y después de un año cedió el terreno a un abogado, quien en el sexenio de Borge Angulo se hizo de una empresa inmobiliaria y de una naviera, además de estar acusado de ser el prestanombres del ex mandatario.
Ella se llama Rosa Yolanda Angulo Castilla y es la madre del ex gobernador, denunciado penalmente ante la Fiscalía General de Quintana Roo por la organización Somos Tus Ojos por enriquecimiento ilícito y peculado.
Lo ceden al abogado de la familia
El hombre que gozó del generoso regalo de “Chachi” —como llaman a Rosa Yolanda en Cozumel— es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge y también denunciado por la agrupación dirigida por Fabiola Cortés Miranda.
Figura entre las denuncias
Celso González figura dentro de las recientes denuncias interpuestas por la Secretaría de Gestión Pública estatal, que abrió auditorías a más de una veintena de dependencias y organismos descentralizados, en las que descubrieron, entre otras irregularidades, la venta de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial en el Estado; en algunos casos, hasta en menos de 1% de su valor real, por lo que interpusieron denuncias penales ante la fiscalía estatal y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ese terreno es la joya de todos los robos, la joya del saqueo en la isla. ¿Por qué?, porque está frente al mar, con una extensión de 600 metros de playa, aproximadamente, con un valor muy elevado que se facturó en un precio muy por debajo del precio real”, afirma Villanueva Polanco.
HISTORIA DEL PREDIO EN CUESTIÓN
El dueño original del terreno era un empresario de lo que Romeo Villanueva Polanco, también comerciante inmobiliario nacido en Cozumel, llama “la fábrica de billetes”, el restaurante “Palmeras”, que recibe a cientos de turistas y cruceristas diariamente por su ubicación privilegiada, justo frente al muelle que da acceso a Cozumel, Isla de las Golondrinas.
Un día —cuenta Romeo— al gobernador Mario Villanueva, (1993 y 1999) se le antojó apropiarse del lugar y amenazó a José Becerra Martín con cerrar el negocio si no lo entregaba. El título de propiedad se extinguió y el inmueble se escrituró a favor de Fidecaribe, organismo que desapareció para dar paso al IPAE como administrador del patrimonio territorial.
El 3 de diciembre de 2013, cuando Borge no cumplía todavía un año como gobernador, el IPAE celebró un contrato de compraventa, a plazos, con la mamá del ex mandatario.
Se trata del terreno con una superficie de 111 mil 763 metros cuadrados, ubicado en la reserva territorial, el cual colinda con un predio en Punta Francesa —propiedad de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador— y con el hotel Iberostar. Del lado de la carretera federal, la exuberante cortina de verde vegetación impide ver hacia el interior del terreno, que posee una franja lineal de hermosas playas.
En el contrato de compraventa queda asentado el monto de la operación: 137.50 pesos por metro cuadrado; el pago total fue por 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos.
Rosa Yolanda Angulo y el IPAE convinieron que para escriturar el inmueble se pagaría 10% del valor total, es decir, un millón 536 mil pesos.
Para el 6 de noviembre de 2014 los importes quedaron saldados, de acuerdo con el oficio de liberación del adeudo IPAE/ CA/ 0722/ 2014, expedido por el Instituto.
Cinco meses después, Angulo Castilla cedió su terreno costero a la empresa Siyenat del Caribe, representada por Celso González Hermosillo y Melgarejo, de acuerdo con el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, fechado el 29 de abril de 2015.
Aparecen los prestanombres
Siyenat del Caribe es una sociedad mercantil constituida legalmente en Cozumel el 3 de marzo de 2014 para la adquisición, enajenación, arrendamiento, administración, operación, comercialización, promoción, proyecto y diseño de inmuebles para cualquier uso o destino.
Su apoderado legal es César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien ese mismo día constituyó otra inmobiliaria llamada Caracol 65, junto con María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.
“Los dos son los prestanombres de Borge. A ella, pobre, le ofrecieron un auto y echarle un piso más a su casa para prestarse, es una pena. Él es abogado de toda la vida del papá de ‘Beto’. Les andan siguiendo la pista”, cuenta Romeo.
Los domicilios de ambos se ubican en una zona media de Cozumel. La casa de él, con arquitectura de estilo mediterráneo, es más amplia que el promedio en la colonia Emiliano Zapata. La de ella, contrasta con las coloridas viviendas a sus costados, en la colonia Flores Magón
Según la denuncia penal contra Borge, interpuesta por Fabiola Cortés, César Celso “no reporta actividades fiscales” y antes de la naviera —se lee en el documento— “no tenía empresa alguna, ni negocio que pudiera generar millonarios ingresos en dólares como para adquirir una empresa del tamaño de la referida”.
En la querella se incluye a González Hermosillo y Melgarejo, quien se dio de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2014, pero desde entonces “no ha reportado obligaciones fiscales, es decir, no ha pagado impuestos”, se lee.
Como hecho constitutivo de este delito, Fabiola Cortés Miranda refiere que González Hermosillo y Melgarejo recibió del IPAE un predio de 12 mil 445 metros cuadrados, el 26 de mayo de 2011, por el que pagó un millón 244 mil 565 pesos.
La “delincuencia organizada institucional”
Para la periodista Cortés Miranda, quien ha documentado 34 casos de remates del patrimonio territorial en tiempos de Félix González Canto y Roberto Borge, la ecuación es simple:
Hay elementos para presumir que durante su desempeño como gobernador, Borge usó recursos públicos “para satisfacer intereses propios” a través de terceros, quienes fungieron como prestanombres para adquirir bienes, entre ellos, la naviera Barcos Caribe, cuyo valor sobrepasaba sus posibilidades económicas, tomando en cuenta sus ingresos como titular del Ejecutivo, que en 2016 -su último año de gobierno- fueron 152 mil pesos al mes.
Los presuntos prestanombres tampoco poseían ingresos que les permitieran fundar dos inmobiliarias y la naviera.
Romeo Villanueva recuerda que la familia Borge estaba en graves apuros económicos antes de que Beto asumiera el cargo de gobernador, pero se recuperaron lo suficientemente rápido como para que el padre del ex mandatario liquidara todas sus deudas, su mamá comprara el terreno en cuestión y para que el propio Borge Angulo se hiciera de diferentes propiedades.
Habitantes presumen que también posee un hotel en construcción. (FUENTE: El Informador)