LÁZARO CÁRDENAS, Quintana Roo.- En un ambiente de confrontación política y señalamientos públicos, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas enfrenta una crisis institucional luego de que más de la mitad del Cabildo rechazara el proyecto de Ley de Egresos 2026 impulsado por el alcalde Josué Nivardo Mena Villanueva, al considerar que carece de transparencia y no atiende las necesidades básicas de la población.
A días de la sesión de Cabildo reprogramada para el 29 de diciembre, un bloque conformado por la síndica y seis regidores emitió un posicionamiento para desmentir lo que calificaron como una campaña de difamación en su contra, difundida en redes sociales y medios locales, donde se les acusa de exigir supuestas “tajadas” de 300 mil pesos a cambio de aprobar el presupuesto.
El bloque está integrado por la síndica Laura Roberta Chan Canul (PT); el primer regidor Carlos Betancourt Baas (Morena); la cuarta regidora Martha Tun (PAN); la quinta regidora Dulce Alegría Badillo Navarrete (PVEM); la séptima regidora Aurora Pool Cauich; la octava regidora Concepción Chan Che; y la regidora Dayanne Sinaí Maglah Balam (PRI).
Los concejales aseguraron que dicha versión es “totalmente falsa” y la calificaron como una cortina de humo para desviar la atención de las deficiencias técnicas del presupuesto propuesto. Tras un análisis, afirmaron haber detectado una asignación “maniobrada” de los recursos, lo que —señalaron— explica el reclamo ciudadano por la falta de resultados del actual gobierno municipal.
Entre las principales observaciones, el bloque destacó la carencia de recursos suficientes para Servicios Públicos, donde el personal opera sin vehículos ni herramientas básicas; la falta de medicamentos en casas de salud comunitarias; la ausencia de patrullas en las 36 comunidades del municipio y la precariedad laboral de trabajadores del Ayuntamiento y de elementos policiacos.
Además, denunciaron una presunta estrategia de presión política desde el Ejecutivo municipal, la cual —advirtieron— podría constituir violencia política en razón de género contra la síndica y las regidoras que integran el bloque opositor.
“Nos negamos a ser cómplices de la opacidad. El dinero público debe aplicarse donde más se necesita”, señalaron en su posicionamiento, al reiterar que su postura busca garantizar servicios básicos, seguridad y justicia laboral para la población.
De cara a la sesión del 29 de diciembre, los regidores afirmaron que mantendrán su negativa a aprobar un presupuesto que no priorice a las comunidades y advirtieron que la gobernabilidad del municipio depende de que el alcalde presente un plan de gasto que responda a las demandas sociales y no a intereses políticos.
La confrontación deja al descubierto una profunda división en el Cabildo y abre un nuevo capítulo de tensión política en Lázaro Cárdenas, donde el desenlace del presupuesto 2026 podría marcar el rumbo del último tramo de la administración municipal.