DG CHETUMAL, Quintana Roo, 2 de septiembre. – A propuesta del diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto, el Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva La Ley de Juicio Político en el estado, con el objetivo de establecer reglas claras en el proceso contra servidores públicos, para combatir la impunidad.
El Presidente de la Comisión de Justicia en el Poder Legislativo, explicó que la norma es el resultado de la convergencia de dos iniciativas -una presentada durante la XVI Legislatura por la diputada Cristina Torres y otra promovida en la XVII Legislatura por el diputado Hugo Alday Nieto-, donde se establece un marco normativo robusto y preciso que busca dotar de claridad y transparencia a los procedimientos de juicio político en la entidad.
“La Ley de Juicio Político viene a establecer reglas muy claras para implementar mecanismos que se pueden utilizar para combatir la corrupción, la aprobación del dictamen nos deja claro que el compromiso de la legislatura de la transformación es seguir cambiando el destino de Quintana Roo”, precisó.
Añadió que una vez que la ley sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, permitirá a cualquier ciudadano defender sus derechos en casos de violaciones constitucionales cometidas por funcionarios que puedan ser sujetos a juicio político.
“Se establece una legislación con elementos claros, tiempos definidos y fases procesales bien estructuradas. La aprobación de esta ley envía un mensaje contundente: Quintana Roo está decidido a combatir la corrupción, un problema que, sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta el país”, indicó.
Explicó que la Ley de Juicio Político se erige, así como una herramienta crucial para asegurar que los funcionarios públicos que incumplan con sus obligaciones sean sometidos a un proceso legal riguroso y transparente, en beneficio de la ciudadanía.
Por último, Alday Nieto indicó que tomará protesta como integrante de la Décimo Octava Legislatura el próximo 3 de septiembre, para continuar trabajando en normas que abonen a la transparencia y al combate a la corrupción en el estado.