Víctor Hugo Vargas, La Pancarta de Quintana Roo, TULUM, Quintana Roo, 01 de febrero de 2026. Durante años, la Comisión Federal de Electricidad permitió lo que hoy dice combatir. Asentamientos irregulares crecieron, se consolidaron y vivieron con energía eléctrica sin que nadie en la empresa levantara la voz, aplicara la ley o pusiera un alto. Hoy, cuando las pérdidas económicas ya no son sostenibles, la CFE pretende resolver su propia negligencia a través del corte del servicio, escoltada por policías municipales.
El oficio fechado el 28 de enero de 2026, firmado por el superintendente Dan Abigael Barragán Núñez, no es un simple trámite administrativo: es una confesión institucional. En él, la CFE reconoce que la medición en colonias irregulares ha generado pérdidas porque durante años no se instalaron medidores o se toleró que no los hubiera. ¿Quién autorizó eso? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado?
Colonias como Emiliano Zapata, Yax Balam, Sac Bé, Nasim, 2 de Octubre, Arrecife I, Álamos, Carlos Joaquín y López Obrador no surgieron de la noche a la mañana. Crecieron con postes, cables y transformadores que alguien colocó, alguien energizó y alguien facturó —o dejó de facturar—.
Hoy la CFE pretende lavarse las manos y trasladar el costo social del problema a los ayuntamientos, solicitando acompañamiento policiaco para desconectar la luz a familias que, guste o no, han vivido bajo un esquema de tolerancia institucional. No hay en el documento una sola línea sobre regularización gradual, mesas de trabajo, alternativas técnicas, ni coordinación con áreas de desarrollo urbano o social. Solo hay una cosa: cortar.
Este no es un problema de asentamientos irregulares.
Es un problema de administración pública fallida.
La energía eléctrica no es un lujo; es un servicio estratégico. Cuando se maneja con improvisación, omisión o conveniencia política, el resultado es exactamente el que hoy vemos: conflicto social, desgaste institucional y ciudadanos atrapados entre la ilegalidad tolerada y la legalidad tardía.
La CFE no puede presentarse como víctima cuando fue actor principal de la omisión. Y el superintendente que hoy firma oficios para cortar el suministro debería explicar por qué no actuó cuando el problema estaba naciendo, no cuando ya es una bomba social.