CHINA, 23 de julio.- Con el objetivo de consolidar la cooperación internacional para hacer frente a la pandemia de Covid-19 el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que la vacuna desarrollada por su país será un bien público de acceso universal.
Ante ministros de América Latina y el Caribe, en una reunión virtual encabezada por México y China realizada el martes por la noche, Wang Yi destacó que el país asiático destinará un préstamo de 1,000 millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región al antídoto.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció el respaldo de China y de los socios en América Latina y el Caribe a la resolución A/RES/74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la Covid-19 que fue promovida por México y adoptada por consenso con el copatrocinio de 179 países en el seno de la ONU.
“La resolución fue una importante expresión de solidaridad y compromiso político que ahora debemos transformar en acción. En los próximos meses, la prioridad común es el desarrollo de tratamientos y vacunas y la creación de mecanismos efectivos para su distribución universal”, expuso Ebrard.
El canciller Ebrard recordó que, derivado del alto nivel de diálogo político entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping, China ha facilitado, mediante un puente aéreo, el traslado de equipo y material médico para proteger la salud y la seguridad de las y los mexicanos.
El ministro Wang también agradeció la cooperación de América Latina durante la época más difícil de la pandemia.
Mientras que los cancilleres de la región latinoamericana destacaron la propuesta mexicana en la ONU para que la vacuna sea un bien público universal y agradecieron la cooperación ofrecida por China.
En el encuentro participaron los ministros de exteriores de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.
El Economista