TULUM, Quintana Roo, 07 de noviembre. – Tulum, uno de los destinos más cotizados del Caribe mexicano, enfrenta una crisis creciente de fraudes inmobiliarios que afecta tanto a su economía como a su reputación internacional. Cada vez más compradores nacionales y extranjeros denuncian incumplimientos contractuales, entregas fallidas y abusos por parte de desarrolladoras, mientras los procesos judiciales avanzan con lentitud y opacidad.
Uno de los casos más representativos es el de Jorge Luis Ocaña Jiménez, quien asegura haber pagado 120 mil dólares a la empresa Menesse por un departamento que nunca le fue entregado. A pesar de contar con comprobantes de pago y documentación en regla, la compañía se amparó, y el caso lleva años sin resolverse. Ocaña denuncia además la falta de apoyo legal y un sistema que parece favorecer a las desarrolladoras en perjuicio de los consumidores.
Situaciones similares se repiten entre otros inversionistas, quienes señalan contratos ambiguos, abogados negligentes y una “fiebre inmobiliaria” carente de regulación y supervisión. Pese a las múltiples quejas, empresas como Menesse continúan desarrollando nuevos proyectos, lo que profundiza el descontento y la desconfianza entre los afectados.
La burocracia judicial y los amparos se han convertido en el principal escudo de los desarrolladores, perpetuando la impunidad y dejando a decenas de víctimas sin respuestas ni reparación del daño.
Expertos y afectados coinciden en que este patrón de abusos exige una intervención urgente de las autoridades estatales y federales, para frenar el deterioro de la imagen de Tulum como destino de inversión y turismo. Advierten que, de no actuar a tiempo, el paraíso caribeño corre el riesgo de ser identificado no por su belleza natural, sino por el fraude y la desconfianza que imperan en su mercado inmobiliario.