Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 30 de noviembre. — Sin reglas claras, ni candidaturas definidas el Instituto Nacional Electoral (INE) Quintana Roo dio luz verde para el inicio de los trabajos de organización y planeación del proceso de elección jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación en 2025.
En entrevista el Vocal Ejecutivo, Sergio Bernal aclaró que será el Senado de la República quién defina el listado de aspirantes, por lo pronto, aunque aspirantes ya iniciaron campañas de posicionamiento en redes sociales, aún no están definidas cuantas candidaturas, y los lineamientos para el desarrollo del proceso electoral, así como el presupuesto.
“Es un proceso inédito, para cargos de elección en el Poder Judicial en el que no van a participar partidos políticos, el registro de los aspirantes fue integrado por los tres poderes. Pero, será el Senado de la República quiénes entreguen al INE la relación de los aspirantes a más tardar el 12 de febrero. Nosotros no tenemos información de quiénes son, porque no es competencia del INE”, señalo.
Respecto a los espacios en juego, indicó que en la entidad son 16 del ámbito federal y 19 del
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial.
“Hay una cartografía especifica, que son los Distritos electorales, estamos a la espera de que nos remiten la información para generar las boletas y trabajos de capacitación e integración de casillas”, destacó.
Aunque reconoció que en la etapa del proceso se desconoce cuántos candidatos podrán contender para un espacio, rechazó que exista desinformación e incertidumbre en el personal del INE rumbo al proceso electoral.
“¿Cuántos candidatos podrán participar para un espacio?”, se le preguntó.
“No tengo esa información, el Senado de la Republica tendrá que definir quiénes son y cuantos podrán participar”, admitió.
Sobre las reglas, y vacíos legales para quiénes ya iniciaron campañas de posicionamiento, o anunciaron sus aspiraciones, dijo que estas, fueron definidas por los tres poderes. Pero, no pudo precisar cuáles serían las sanciones, o actos que sean considerados violaciones al proceso.
Por último, indicó que conforme avance el desarrollo del proceso, los aspirantes no tendrán financiamiento de partidos políticos, pero no precisó como sería el proceso de fiscalización, o los topes y limites de dinero utilizado para las campañas.