Playa del Carmen, 13 de febrero de 2025.— El ciudadano Antonio Maximiliano Hernández denunció públicamente el despojo de un predio ubicado en la colonia Cristo Rey, el cual pertenecía a su padre y fue presuntamente arrebatado de forma irregular tras su fallecimiento.
Durante una conferencia, Hernández señaló que, a pesar de contar con documentos que acreditan su derecho sobre el terreno como bien familiar, descubrió que el pago del predial ya había sido realizado por otra persona, quien, según su denuncia, se apropió arbitrariamente del inmueble mediante un cambio irregular de la posesión.
Antonio Maximiliano Hernández acusó directamente al exfuncionario municipal Jorge Zavaleta Pellat, señalándolo como responsable de este acto de corrupción. Según Hernández, Zavaleta Pellat habría aprovechado información privilegiada y el proceso de regularización para apropiarse del predio.
Cabe recordar que Jorge Zavaleta Pellat fungió como enlace del gobierno municipal de Lili Campos con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), instancia federal encargada de la regularización de tierras. Actualmente, Zavaleta ocupa un cargo en la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio.
“Exfuncionarios municipales, mañosamente, se apoderaron de predios aprovechando el proceso de regularización. Es un acto de corrupción que no pienso dejar pasar”, declaró Hernández.Antonio Maximiliano Hernández enfatizó que continuará en una lucha legal para recuperar el patrimonio heredado de su padre y llegará hasta las últimas consecuencias, sin importar la jerarquía de los involucrados.
“Este predio es el legado de mi padre. No permitiré que una injusticia y el uso irregular del poder me lo arrebaten”, afirmó.Este caso es el segundo que sale a la luz pública relacionado con presuntas irregularidades en el proceso de regularización de predios durante la administración pasada. La implicación de un funcionario vinculado al INSUS y posteriormente a Desarrollo Urbano ha generado inquietud entre ciudadanos y colonos, quienes temen ser víctimas de prácticas similares.
Hernández hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que investiguen el caso y sancionen a los responsables. Además, instó a otros ciudadanos afectados a alzar la voz para frenar estas prácticas corruptas que atentan contra el derecho al patrimonio familiar.