Playa del Carmen.– En Quintana Roo persiste un grave rezago judicial que impacta directamente a la población indígena, pues se estima que alrededor de 600 personas originarias se encuentran en prisión sin haber tenido un proceso legal claro, en algunos casos con más de un año detenidas sin conocer con precisión los cargos que enfrentan.
Quetzal Tzab González, presidente del Movimiento Indígena Maya Peninsular, explicó que una de las principales causas de esta situación es la falta de intérpretes oficiales. Aunque existen hablantes de lengua maya, la normatividad exige traductores certificados en materia jurídica, y actualmente en todo el estado apenas hay entre cinco y seis disponibles, cifra insuficiente frente a la demanda.
El dirigente señaló que esta carencia coloca a los indígenas en desventaja dentro del sistema de justicia, ya que muchos no dominan el español ni los términos legales técnicos, lo que en ocasiones los convierte en “chivos expiatorios” de procesos poco claros. A esto se suma la discriminación estructural, que refuerza la vulnerabilidad de las comunidades originarias.
Tzab González recalcó la urgencia de fortalecer la formación de intérpretes especializados en derecho penal, economía y otras áreas jurídicas, además de garantizar un trato digno a los pueblos indígenas. Subrayó que el reto no solo recae en la preparación de estas comunidades, sino también en la disposición de la sociedad y las instituciones para reconocer y respetar la diversidad cultural en el marco de la ley.