CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2024.- El futuro de 14 mil 958 millones de archivos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia es incierto si el Congreso aprueba la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La ciudadanía le ha dado una “utilidad social” al acceso a la información, contrario a la idea de algunos políticos que “piensan que la plataforma es para molestar”, pues a través de ella pueden acceder a sus número de semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones públicas, señala la comisionada Julieta del Río Venegas.
En entrevista con Animal Político advierte que no sería legal que todos estos archivos que incluye la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta tecnológica que alberga datos personales y de instituciones públicas a los cuales puede acceder la ciudadanía, pasen al Ejecutivo.
“No es legal (…) sí pueden tomar esos 270 (sujetos obligados) pero no pueden hacerse cargo de información de los Estados, del Poder Judicial, Legislativo, eso es lo que no se puede”.
Temas de salud entre las principales búsquedas en la plataforma de transparencia
La comisionada Del Río Venegas detalló que los temas de salud son las solicitudes que más realiza la ciudadanía en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en la posición número uno en materia de negativa de recursos.
“Lo que más usa la gente y más contiene son temas de salud, temas de justicia, el tema de la Fiscalía, tema en Pemex y también temas en la Secretaría de Educación. Quién es el top número uno de la Plataforma Nacional en negativas en el módulo de recursos, pues el IMSS”, sentenció.
“Hay mucha gente que acude al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud a preguntar por su número de semanas cotizadas, por su historial, por sus expedientes clínicos y se los están negando, estamos resolviendo cada ocho días eso. ¿Quién va a ser el órgano regulador que ayude a los ciudadanos a que el IMSS, ISSSTE, a que estas instancias entreguen información?”, cuestionó.
Futuro de incertidumbre para la plataforma y sus empleados y de vulneración para la ciudadanía
A horas de que se discuta la extinción del INAI, la comisionada reiteró el futuro de incertidumbre en el que se encuentran los casi 15 mil millones de archivos de la plataforma, pues dijo que es un tema que los tiene en una “incógnita brutal” porque desconocen si realizaron cambios a la iniciativa.
No obstante, aseveró que estarán pendientes a lo que determinen en la Cámara de Diputados para realizar las propuestas que consideren adecuadas, como es el resguardo de datos y que cada entidad solicite su información, aunque lo ideal, para Del Río, sería que la plataforma continúe su funcionamiento.
“Es que nos tienen en una incógnita brutal, porque no sabemos cómo venga la iniciativa, si es la misma, si la matizaron, tenemos que conocer la iniciativa mañana y lo que nosotros vamos a proponer es precisamente eso, el resguardo de los datos y la responsabilidad de cada entidad, de cada órgano de control, que cada Estado le comente a su Ejecutivo y seguramente solicitará su información, pero no se trata de eso, se trata de buscar una alternativa”, declaró.
La comisionada insistió en que la Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta de los mexicanos cuya información no pueden entregar a quien no le corresponde “porque seremos sujetos de responsabilidades”. Añadió que tampoco es legal que los datos que contiene pasen a manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como se ha planteado, ya que solo pueden tomar los que corresponden al Poder Ejecutivo y hacerlo iría en contra del federalismo.
“No es legal (…) sí pueden tomar esos 270 (sujetos obligados) pero no pueden hacerse cargo de información de los Estados, del Poder Judicial, Legislativo, eso es lo que no se puede”.
Respecto a los riesgos y repercusiones, Del Río Venegas externó con un tono de preocupación que si la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se transformará en la Secretaría Anticorrupción, toma los datos se abrirá una “vulneración tremenda” en el país debido que no habría certeza sobre la seguridad de la plataforma, cuando el instituto actualmente invierte 14 millones de pesos al año y le brindan mantenimiento a los 45 operadores para que no falle, además de que nunca ha sido hackeada.
“Las consecuencias serían que miles de millones de datos de todos los servicios públicos, de las personas físicas y morales que también están ahí en la plataforma, estarían en riesgo porque quién se va a responsabilizar de una vulneración”.
Otra consecuencia que la comisionada señaló es que, si bien la ciudadanía podría actuar en caso de que se vulnere su información, la iniciativa indica que en el tema de datos personales en posesión de sujetos obligados, la propia autoridad va a resolver. “Si te vulnera una institución, a la misma institución vas a poner la denuncia, pero no habla del tema de particulares”, advirtió.
Debido a este panorama, la comisionada comentó a Animal Político que la Red por la Rendición de Cuentas, a través de Lourdes Morales, externó la posibilidad de considerar dónde alojar toda la información de la Plataforma Nacional de Transparencia o incluso donarla a una asociación civil de manera que no se pierda todo lo que alberga la herramienta.
Asimismo, puntualizó que los ciudadanos quieren que la información llegue a sus manos, por lo que la eliminación del INAI podría representar una regresión a los tiempos del Infomex y del SISI (Sistema de Solicitudes de Información) cuando no había autonomía para resolver en temas de información.
Del Río Venegas no solo habló del futuro de los datos y la información de la plataforma, sino también del de los empleados que integran el INAI.
Sobre esta situación dijo que son más de 800 empleados, sin contarla a ella y a tres comisionados más, a quienes, según lo acordado, les respetarán sus derechos laborales.
“Son gente especializada en temas de datos personales, del manejo de la plataforma, del tema de la verificación de personas. Eso sí son reiteraron, de parte de la presidenta, que no se tocarían y que pasarían los recursos humanos, materiales y financieros a la Secretaría”, señaló.
Agregó que desconoce realmente qué pasará, pues hasta el momento solo les dieron a conocer el presupuesto para el que se solicitó una reducción de 107 millones y la claridad sobre el instituto -personal e instalaciones- dependerá de la discusión de éste.
Los intentos para mantener la PNT y sus datos
En medio de intentos por rescatar la plataforma, Del Río Venegas dijo que hace dos semanas se encontró con Claudia Sheinbaum y le externó su preocupación por el futuro de la herramienta.
Señaló que la presidenta se mostró receptiva y le preguntó por qué, a lo que respondió que se trata de una herramienta que no sólo es del Poder Ejecutivo y que es una base de datos debidamente resguardada.
La comisionada detalló que también enviaron una tarjeta informativa sobre el tema del funcionamiento de la plataforma a la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, sin embargo no obtuvieron una respuesta, por lo que mantienen hasta el día de hoy el reclamo de la herramienta.
Hace 15 días, comisionados del INAI se reunieron con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Tras la primera reunión, que se llevó a cabo en San Lázaro, Monreal se refirió a la desaparición del organismo como algo “casi inminente”, pese a las audiencias que los representantes del mismo han sostenido con varios representantes del gobierno.
Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo en ese momento que continuarían buscando el diálogo y trabajando en el marco del proceso legislativo.
En octubre los comisionados se reunieron con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la intención de evitar la desaparición del instituto. Sin embargo, la funcionaria no se pronunció sobre conservar el organismo autónomo y sólo se comprometió a “no tocar” a los trabajadores.
Con información de Animal Político