Opinión | Diana García
Han pasado seis días desde que la supuesta organización “Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo (UPDQROO)”, ingresó la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo, desde entonces el documento se mantiene en “sigilo”.
El detalle es que a los representantes parece que se les olvidó que intentan regular a los periodistas del estado, y que el resto del gremio, sabe buscar.
Por ello, a continuación les presentamos algunos puntos destacables de la ley que proponen, y en el entendido de que las fuentes son sagradas, por su puesto que no daremos más detalles.
Resulta que el proyecto de ley, busca entre otras cosas la creación de un Instituto de Protección y Derechos del Periodismo en el estado, el cual será integrado por una “Junta de Gobierno”, como órgano de máxima dirección.
Así mero.
Incluyen una Dirección General, la Unidad de Evaluación de casos y reacción, otra unidad de evaluación de riesgos, y la “Dirección de Administración y Finanzas”, es decir un órgano de control que gestionará un fideicomiso creado a partir del 0.05 por ciento del Presupuesto anual del Poder Ejecutivo del Estado.
Algo así como 269 millones 908 mil 961.93 pesos de acuerdo al porcentaje correspondiente al ejercicio 2026, y será progresivo, es decir no podrá ser menor al del año anterior.
La Junta de Gobierno “la máxima autoridad”, estaría integrada por tres representantes del gremio. Pero, designados por el Congreso del estado; también se intregrarán representantes de Derechos Humanos, Fiscalía, Seguridad Ciudadana y claro, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado.
Estos representantes tendrán derecho a una dieta equiparable a la de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, cada que sesionen, su presidencia durará tres años, y podrían reelegirse consecutivamente una vez, siempre que mantengan su “nombramiento como consejero ciudadano” por parte del Congreso del estado.
Otro punto es que para que periodistas puedan acceder a un Fondo de Bienestar Periodístico tendrán que inscribirse en un registro estatal, para ello, tendrar que entregar trabajos publicados de los últimos seis meses de su ejercicio, o tener una “cartita” de dos periodistas “reconocidos”, ¿Por quién? Solo Dios y su conciencia saben.