CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo.- Entre enero de 2012 y julio de 2017, la empresa constructora Operadora Cicsa, propiedad del magnate Carlos Slim, recibió 94 mil 152 millones de pesos a través de contratos de obra pública en las administraciones federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un estudio que presentó hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Constructora Cicsa resultó la empresa más beneficiada durante ese periodo, arriba de tres empresas dedicadas a vender medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y otras como Sixsigma Networks, propiedad de María Asunción Aramburuzabala Larreguí; Coconal, de Héctor Ovalle; Operbes, una filial de Televisa; y La Peninsular, del mexiquense Carlos Hank Rhon.
El estudio, que señala los riesgos de corrupción en los procesos de contratación pública, menciona que tan sólo 2 mil 500 proveedores se llevaron el 80% de los 2.3 billones de pesos que las administraciones gastaron en contratos públicos en los últimos cinco años y medio.
Y no sólo esto: las mil empresas más beneficiadas con contratos públicos obtuvieron el 71% de ellos mediante el método discrecional de adjudicación directa, es decir, sin licitación pública de por medio.
El estudio también confirma que tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto tuvieron sus empresas “consentidas”, a las que otorgaron la mayor parte de los recursos públicos.
Según el IMCO, las 73 empresas que recibieron 127 mil millones de pesos durante el cuarto año de gobierno de Peña Nieto –uno de cada tres pesos licitados ese año– ni siquiera figuraban entre las empresas más beneficiadas en 2012, año en el que ganaron apenas un 2% de los montos adjudicados.
El estudio muestra que estas 73 empresas fueron beneficiadas principalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que les otorgaron el 60% de los recursos.
Este dato se da a conocer una semana después que la organización México Evalúa exhibió cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reparte los recursos multimillonarios del Ramo 23 de manera discrecional y opaca para “premiar” o “castigar” a los gobernadores aliados o rivales, respectivamente, y que esta práctica se agudizó durante la administración de Peña Nieto.
Focos de riesgo
En los últimos años, reportajes de prensa e informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibieron de manera reiterada casos de corrupción en el otorgamiento de contratos públicos por la SCT, ya sea con la constructora OHL, el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca o el tren México-Querétaro, entre otros.
Sin embargo, entre enero de 2012 y julio de 2017, la dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, recibió solo 77 denuncias específicas para temas de contrataciones públicas, mientras “el dato brutal”, según Max Kaiser, integrante del IMCO, es que “solo hubo una inhabilitación y una destitución”.
De acuerdo con el estudio del IMCO, 30 dependencias federales gastan 8 de cada 10 pesos destinados a las contrataciones, y tan sólo tres de éstas –la CFE, el IMSS y la SCT– otorgaron contratos por un billón 152 mil millones de pesos entre enero de 2012 y julio de 2017.
Y esta cifra no contempla los contratos de Pemex, que a raíz de la reforma energética, lanzada por Peña Nieto y aprobada por el PRI, el PAN y el PRD que firmaron el “Pacto Por México”, dejó de transparentar sus contratos.
CFE, IMSS y SCT figuran entre las cinco instituciones con mayores riesgos de corrupción en los procesos de contratación, pues junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), concentran Unidades Compradoras que adjudican contratos de manera discrecional, presentan anomalías o carecen de transparencia.
En los últimos cinco años y medio, la división de Bienes Terapéuticos del IMSS otorgó contratos para la compra de medicamentos por más de 190 mil millones de pesos.
Las empresas más beneficiadas resultaron Fármacos Especializados, una empresa propiedad de Francisco Pérez Fayad, en la que también labora Óscar Arrellano Pérez, exdirector de compras en el IMSS; Farmacéuticos Maypo, de la familia Arena Wiedfeldt; y Dimesa, que forma parte de Grupo Pisa, propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo. (FUENTE: Proceso)