CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.— En un golpe judicial sin precedentes que ha sacudido las estructuras del poder en México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. Según el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, estos servidores públicos habrían traicionado su posición de confianza para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, convirtiendo a las instituciones del estado en un brazo operativo del Cártel de Sinaloa.
La investigación liderada por la DEA señala que la colaboración no fue esporádica.
Una red de corrupción en el corazón de Sinaloa
La investigación liderada por la DEA señala que la colaboración no fue esporádica, sino una conspiración estructurada para blindar las operaciones de “Los Chapitos”, la facción dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los acusados, entre los que figuran jefes policiales y altos mandos de la fiscalía, presuntamente recibieron millones de dólares del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, información de inteligencia y la movilización de fuerzas estatales para resguardar cargamentos de droga.
Entre los nombres destacados en el expediente judicial se encuentran:
- Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez: Funcionario de alto nivel.
- Dámaso Castro Zaavedra: Subprocurador General del Estado.
- Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”): Comandante de la Policía Municipal.
El precio de la traición: Secuestros y asesinatos
Uno de los puntos más escalofriantes de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán. Se le señala por utilizar los recursos de la Policía Municipal de Culiacán para asistir al Cártel de Sinaloa en el secuestro, tortura y ejecución de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en 2023. Estas acciones demuestran cómo el Cártel de Sinaloa logró infiltrar las corporaciones de seguridad para eliminar cualquier amenaza a su imperio criminal.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, fue enfático al declarar que esta organización es considerada una entidad terrorista que utiliza el soborno para socavar la salud pública de los estadounidenses. El esquema de corrupción permitía que figuras como Castro Zaavedra recibieran pagos mensuales de hasta 11,000 dólares para alertar al Cártel de Sinaloa sobre operativos policiales inminentes.
El ascenso de Rocha Moya bajo la sombra del narco
El documento judicial alega que la relación de Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa fue clave para su llegada al poder en 2021. Se presume que “Los Chapitos” ayudaron en su elección mediante la intimidación y el secuestro de rivales políticos. A cambio, el gobernador habría mantenido reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa para garantizarles impunidad total en el territorio sinaloense, permitiendo que la entidad se consolidara como el epicentro del narcotráfico global.
Este caso, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, marca un punto de no retorno en la relación bilateral de justicia. Las autoridades estadounidenses han enviado un mensaje contundente: ningún cargo público otorga inmunidad cuando se trata de colaborar con el Cártel de Sinaloa, una organización que continúa dejando un rastro de violencia y muerte en ambos lados de la frontera. El desmantelamiento de estas redes de protección es prioritario para frenar el flujo de drogas letales que el Cártel de Sinaloa distribuye en todo el mundo.
Con información de MVS Noticias