JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo, 30 de diciembre. – En comunidades mayas del centro de Quintana Roo, el abandono de los pozos artesanales ha reabierto un debate entre la legalidad hídrica y la supervivencia rural. Lo que durante generaciones sostuvo los huertos de traspatio y la producción para el autoconsumo hoy permanece clausurado, mientras campesinos enfrentan incrementos en las tarifas y la intermitencia del servicio que provee la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Productores de la región señalan que la restricción al uso de estos pozos tradicionales, sumada a fallas recurrentes en el abasto, ha impactado directamente la soberanía alimentaria de las familias mayas. Por ello, han comenzado a exigir el rescate y la regularización de estas fuentes de agua, consideradas esenciales para la vida comunitaria.
El cierre de los pozos tiene su origen en la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, el 1 de diciembre de 1992, que estableció la obligación de contar con concesión federal para la extracción de agua del subsuelo, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Posteriormente, en 1997, la norma NOM-004-CNA endureció los requisitos técnicos y sanitarios, derivando en el sellado de pozos que no cumplían con dichos lineamientos.
Para campesinos como Estanislao Can Masón, habitante de la zona maya de José María Morelos, estas disposiciones significaron la pérdida de una herramienta básica para el sustento familiar. Recordó que los pozos artesanales permitían sembrar hortalizas, criar aves y garantizar agua para el consumo doméstico, funciones que hoy dependen de un servicio público que califican como insuficiente y costoso.
La situación se agravó en abril de 2013, cuando decretos presidenciales eliminaron la libre perforación en amplias regiones del país, incluida la Península de Yucatán. A partir de entonces, mantener o excavar un pozo sin concesión se convirtió en una infracción sujeta a clausura definitiva, lo que dejó a miles de productores en la irregularidad técnica y sin alternativas viables.
En municipios como José María Morelos, un pozo artesanal representa más que un recurso hídrico: es la posibilidad de reactivar la producción de pequeña escala y asegurar alimentos básicos. Para los habitantes, la diferencia entre un huerto productivo y un patio seco se define por el acceso a un agua que se encuentra a pocos metros de profundidad, pero que legalmente permanece fuera de su alcance.
Campesinos de la región advierten que el rescate de los pozos artesanales no responde a la nostalgia, sino a una necesidad urgente frente a la crisis de los servicios públicos. Mientras la legislación prioriza el control administrativo y sanitario, el campo enfrenta obstáculos que, aseguran, limitan su derecho a producir y a sostener la alimentación de sus familias.