CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo.-Pese a los controles y filtros que los partidos políticos aplicaron a sus candidatos para el proceso electoral de 2015 con el fin de evitar la infiltración del crimen organizado, algunos casos se salieron de control.
El caso más reciente es el de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien en mayo de 2013 ya había pasado por varios filtros como el de la dirigencia estatal del PAN, la Comisión de Selección de Candidatos y por el delegado estratégico para las elecciones que en ese entonces era el diputado sinaloense Jorge Villalobos.
Sánchez López, después se supo, visitó en el penal a Joaquín El Chapo Guzmán con documentos falsos. La PGR presentó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra la también abanderada del PRD, PT y Partido Sinaloense para someterla a un proceso penal.
La entonces aspirante a diputada había firmado el 26 de abril de 2013, de puño y letra, un documento donde manifestaba: “no tengo relación económica, política, personal o análoga con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades a las que se refiere el Art. 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada”.
Otro caso ocurrió a finales de 2014, cuando el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido por su presunta relación con la delincuencia organizada y por haber sido omiso en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
A raíz de estos hechos, y de cara a los comicios para diputados federales de 2015, Morena llevó a la PGR sus listas de candidatos, en tanto que el PRD dijo que revisaría “con lupa” los perfiles de sus abanderados, pero falló el control en algunos casos.
También, el pasado 29 de enero, el Consejo Estatal del PRD en Tlaxcala eligió a sus candidatos a diputados plurinominales. La primera posición de la lista la obtuvo el exalcalde de Papalotla y exdiputado federal Alberto Amaro Corona.
Sin embargo, el 1 de febrero fue detenido acusado por el delito de homicidio calificado.
A principios de enero, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, hizo señalamientos en contra del presidente municipal de Tlaquiltenago, el perredista Enrique Alonso Plascencia, de tener ligas con el crimen. El alcalde negó los cargos y dijo que era una campaña de desprestigio por su oposición al Mando Único policial.
Graco Ramírez también acusó a integrantes del ayuntamiento de Cuauhtémoc Blanco, postulado por el Partido Socialdemócrata (PSD), principalmente al entonces secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, de tener una relación directa con Federico Figueroa, empresario artístico quien, según Graco, es el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos. Blanco había manifestado también su rechazo al Mando Único.
Además, el 9 de febrero el alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, fue detenido por segunda ocasión, acusado de tener nexos con el crimen organizado. Se había reunido con uno de los líderes de Guerreros Unidos, Adán Zenen Casarrubias El Tomate, quien fue aprehendido.
SEÑALADOS
Alcaldes y diputados han sido acusados de nexos con el crimen.
- Juan Hernández Ramírez, exalcalde de Aquila, Michoacán. En mayo de 2015 fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico.
- César Miguel Peñaloza, expresidente municipal de Cocula, Guerrero. En diciembre de 2015 fue aprehendido por su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
- José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente transportista y exdiputado local de Michoacán. En julio de 2014 fue detenido por operar para Los Caballeros Templarios.
PAN y PRD toman sus previsiones
En el PAN y en el PRD ya se toman medidas para evitar que se repitan casos de candidatos infiltrados con el crimen.
Ante el anuncio de la dirigencia panista de enviar a la Procuraduría General de la República (PGR) la lista de candidatos para que deslinden vínculos con el crimen, Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación de ese partido declaró:
“Desafortunadamente no vimos disposición de la PGR para colaborar en un tema que debiera ser del interés de todos. La seguridad es un asunto de máxima importancia que requiere de la mayor colaboración institucional, más allá de niveles de gobierno y de colores políticos”.
Ante ello, con el aval de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN se creará una Comisión de Honorabilidad que investigue la solvencia moral de los candidatos panistas que participarán en las elecciones de Sinaloa el 5 de junio.
Por su parte, en el PRD, además de la intención de enviar sus listas de candidatos a la PGR, Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica añadió otro elemento de control.
Adelantó que 50% de las candidaturas a alcaldías y diputaciones se elegirán con la vigilancia y la votación de los ciudadanos. “Entonces qué mejor vigilancia que la de los ciudadanos cuando dan el nombre de un aspirante a un cargo y que la población conozca si tiene malas amistades o no”, explicó.
FUENTE: EL EXCELSIOR