CANCÚN, Quintana Roo, 17 de febrero. – El exdiputado local Gustavo Miranda anunció el arranque de una iniciativa ciudadana para reformar la figura de legítima defensa en Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer —dijo— el derecho de los ciudadanos a proteger su vida, su familia y su patrimonio ante hechos delictivos.
En conferencia, explicó que la propuesta plantea eliminar el llamado “principio de racionalidad o igualdad de circunstancias”, criterio que actualmente obliga a las autoridades a evaluar si la respuesta de una persona fue proporcional a la agresión recibida. La intención, detalló, es que cuando alguien actúe en defensa dentro de su domicilio o negocio, se presuma su calidad de víctima, salvo prueba en contrario.
“Si alguien irrumpe en tu casa para privarte de la vida o de tus bienes, el ciudadano debe poder defenderse sin que automáticamente se le trate como presunto culpable”, expresó.
Miranda recordó que durante su paso por el Congreso del Estado presentó una propuesta similar, la cual no prosperó al considerarse “radical” en el contexto de la agenda de derechos humanos vigente en ese momento. Señaló que, seis años después, y ante los niveles de inseguridad y denuncias por robo y extorsión, el debate debe retomarse.
De acuerdo con el exlegislador, la iniciativa no pretende sustituir la función de las autoridades, sino “empoderar al ciudadano” frente a lo que calificó como falta de resultados en materia de seguridad. Aclaró que la reforma aplicaría únicamente cuando el medio de defensa utilizado sea legal; en el caso de armas de fuego, deberá contarse con el permiso correspondiente conforme a la normativa federal.
Especialistas en derecho consultados en ocasiones anteriores han advertido que cualquier modificación a la figura de legítima defensa debe mantener equilibrio entre la protección de víctimas y la prevención de excesos, a fin de no generar vacíos legales que puedan derivar en abusos o en justicia por propia mano. Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha emitido una postura oficial sobre la nueva propuesta.
Miranda informó que ya fueron instalados comités en los 11 municipios para recabar firmas ciudadanas, ya que la legislación local exige reunir un porcentaje mínimo del padrón electoral para presentar formalmente una iniciativa popular. Adelantó que la meta es superar las 50 mil firmas para respaldar el proyecto y presionar su discusión en el Congreso.
La iniciativa se da en un contexto de debate nacional sobre seguridad pública y derechos de las víctimas, en el que distintos sectores han planteado ajustes legales para ampliar o precisar los alcances de la legítima defensa.