PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 12 de diciembre de 2024. – La Dirección de Desarrollo Urbano de Solidaridad ordenó la suspensión de la obra Monarca 28, un edificio habitacional de seis niveles, tras detectar una serie de irregularidades en la tramitación de su licencia de construcción. El propietario del proyecto ha señalado directamente al Director Responsable de Obra (DRO), Raúl Negrete Cetina, y al exdirector de Desarrollo Urbano, Gabriel Eduardo Ronquillo Buendía, por actos de corrupción que incluyeron el cobro de dinero en efectivo para la aprobación de los permisos.
En entrevista, el propietario denunció que tanto el miembro del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la Riviera Maya, Raúl Negrete y Gabriel Ronquillo le exigieron cerca de un millón de pesos para aprobar la licencia de construcción durante las últimas semanas de la administración municipal 2021-2024. Según su relato, la entrega del dinero se realizó en efectivo en una reunión en Plaza Las Américas, y afirmó tener evidencia en video que respalda sus acusaciones.
“La administración pasada, con toda la corrupción que hubo, me obligó a pagar dinero en efectivo para sacar una licencia que, al final, estaba mal hecha. Raúl Negrete y Gabriel Ronquillo se aprovecharon de mi inexperiencia como constructor para otorgarme un permiso lleno de irregularidades, lo cual ahora me está costando que mi obra sea suspendida y que más de 200 personas se queden sin trabajo”, explicó.
El denunciante aseguró que tanto Raúl Negrete Cetina como Gabriel Ronquillo, en su calidad de funcionario público, manipularon el proceso de licencias para obtener beneficios económicos, dejando al proyecto en una situación administrativa precaria. Además, señaló que el DRO incluso le presionó para gestionar nuevos permisos para futuros desarrollos bajo las mismas condiciones corruptas.
La nueva administración municipal ha iniciado una revisión exhaustiva de los documentos relacionados con el proyecto Monarca 28, los cuales evidenciaron las irregularidades heredadas por la gestión anterior. Por su parte, el propietario exige justicia y acciones contundentes contra los responsables de este esquema de corrupción.
Este caso no solo afecta la continuidad de la obra, sino que pone en entredicho la integridad de los procesos de Desarrollo Urbano en Solidaridad y la transparencia de las licencias emitidas por administraciones pasadas. El tema sigue en investigación, mientras el proyecto permanece detenido y sus trabajadores enfrentan la incertidumbre laboral.