CIUDAD DE MÉXICO, 28 de Enero.- El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó los primeros 50 amparos interpuestos en contra del nuevo esquema de precios de las gasolinas, al aclarar que estos recursos no son la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión.
Las demandas, impulsadas entre otros actores por el Gobierno de la Ciudad de México, resultan “notoriamente improcedentes”.
El juzgador determinó que no es competencia del Poder Judicial fijar los precios de productos ni decidir políticas públicas, por lo que este tipo de recursos son improcedentes para impugnar la liberación del precio de los combustibles.
Al respecto, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, sostuvo que la decisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa es incongruente a la naturaleza del argumento que busca revertir el alza a los combustibles en el país.
El funcionario explicó que en el formato del amparo que reparten no se solicita la creación de nuevas legislaciones en materia económica y de política pública, ni modificar la rectoría económica del Estado, como lo señaló en su determinación el juez federal.
Es una resolución que carece de firmeza y lo que queremos y exigimos es que la autoridad nos explique la metodología sobre la cual definió establecer costos diferenciados por zonas para el diesel y la gasolina que, lamentablemente, siguen afectando el bolsillo de los mexicanos”, enfatizó.
Granados dijo que con esa decisión el juzgado se “está saliendo por la tangente”, por lo que en las siguientes horas definirán qué ruta legal seguir. “Nosotros seguiremos dando la lucha porque es inadmisible que siempre la paguen quienes menos tienen; la decisión no es definitiva y, como lo ha reiterado Miguel Ángel Mancera, iremos hasta el final y hasta donde tope”, resaltó. (FUENTE: El Excélsior)