CHETUMAL, Quintana Roo, 25 de marzo.- Para presuntamente obligarle a presentar su renuncia, una empleada de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) fue privada de su libertad por personal de alto rango.
Tuvo que intervenir la Policía Quintana Roo para que la supuesta víctima recuperara su libertad.
De acuerdo al reporte de las autoridades, el hecho ocurrió este miércoles en las instalaciones de la Agepro, situadas en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones (CINC) de Chetumal.
La directora de Gestión Territorial de la Ageproo, Aracely Muñoz Sabidos, solicitó el auxilio de sus familiares para salir de las instalaciones.
La agraviada, señaló que el director jurídico y la coordinadora de Reservas Territoriales, Eduardo Bustillo y Ana Laura Bolivar Flores, respectivamente, no le permitían salir hasta que firmara su renuncia como empleada de la institución, donde ha laborado por 18 años.
Ante dicha situación sus familiares solicitaron el auxilio a emergencias 911.
Agentes de la corporación llegaron al CINC de Chetumal e interrogaron al personal de seguridad del inmueble respecto al caso.
Estos últimos notificaron a los superiores y en poco tiempo la agraviada salió de la oficina.
La mujer relató a las autoridades que desde hace meses el director Jurídico y la coordinadora de Reservas territoriales le hostigan y tratan de manera degradante con el fin de hacerle renuncie a su labor.
Como no le han conseguido decidieron encerrarla en la sala de juntas durante varias horas, le amenazaron, inclusive con golpearle y “armarle” un expediente administrativo y judicial, para dimitiera.
Los agentes preventivos exhortaron a la supuesta víctima a que proceda ante el Ministerio Público (MP) por el presunto delito de Privación Ilegal de la Libertad.
La mujer añadió que desde hace meses también sufre abuso de autoridad, intimidación y presión psicológica de parte de los funcionarios de alto nivel de la Ageproo, que aprovechan la ausencia del director general de la Ageproo, Eduardo Ortiz Jasso, para incurrir en tales actos.
Muñoz Sabidos indicó que ya han sido 20 trabajadores obligados a renunciar mediante amenazas y hostigamiento. Además de que no fueron indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Responsabilizó a los dos funcionarios por cualquier daño a su integridad, familia y patrimonio.
Por lo cual además de recurrir a la Fiscalía General el Estado (FGE), solicitará el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
Paralelamente interpondrá queja ante la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes).
Exhortó a quienes han sufrido vejaciones similares, procedan ante las autoridades mencionadas.
Con información de agencias