CHETUMAL, Quintana Roo, 30 de abril. – La reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga a empresas de telefonía celular a solicitar datos biométricos a sus usuarios no disminuirá la delincuencia.
Sino todo lo contrario porque es violatoria a sus derechos, advirtió la presidenta de la Comisión de Justicia en la XVI Legislatura, Kira Iris.
El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Dicha normatividad pretende crear una base de datos de todas las personas que tengan una línea telefónica, tanto en la modalidad pospago como prepago. Los usuarios tendrán que proporcionar varios datos personales que van desde el nombre, muestras biométricas y hasta la nacionalidad.
La presidenta de la Comisión de Justicia en la Legislatura Local se pronunció en contra de tal marco jurídico.
“Es innecesaria porque si se piensa que de esta manera se controlará a la delincuencia es solo una utopía y una falacia, ya que encontrarán otras maneras para seguir con esas actividades ilícitas, y por el contrario se corre el riesgo de que haya un aumento en las extorsiones telefónicas”, agregó.
Destacó que es violatoria de los derechos humanos y de la privacidad que incluso pone en riesgo a millones de usuarios de telefonía móvil
Refirió que ahora, las empresas de telefonía celular pedirá datos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, escaneo de rostro o retina y registro de tono de voz, a los más de 122 millones de usuarios en México
Declaró que más que combatir los delitos que son cometidos por medio de teléfonos celulares, lo que se busca es tener un control total de la población.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que es una reforma anticonstitucional ya que actualmente hay ordenamientos para que las autoridades puedan obtener información de personas que se sospeche que están relacionadas con actividades ilícitas.
En este sentido, explicó que la propia Ley de Telecomunicaciones y Radio Difusión establece en su Ártículo 190, que todos los concesionarios deberán colaborar con las autoridades de impartición de justicia, cuando así se los requieran para poder integrar una investigación.
“Diversos expertos quienes concluyen que la ley es violatoria al principio de presunción de inocencia, de la privacidad y lo único que busca es control de la ciudadanía”, dijo.
Manifestó que es antidemocrática y solamente la tienen países con regímenes autoritarios como China, Arabia Saudita y Venezuela”,
Dio a conocer que ya se otorgó una suspensión al Juicio de Amparo 271/2021, conocido por el juez Juan Pablo Gómez Fierro e incluso destaco que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Artículo 303 se otorga facultades a las autoridades de seguridad y de impartición de justicia para que obtengan información de los celulares de usuarios para conocer determinada información.
De igual manera refirió que el propio Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.