JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo, 24 de marzo. – La implementación de protocolos de seguridad para personas con discapacidad es necesaria, pero debe aplicarse con criterio para no vulnerar su derecho a la autonomía, consideró Carlos Solís Martín, profesor del Centro de Atención Múltiple en este municipio.
El especialista señaló que, aunque estas medidas buscan proteger la integridad física de las personas, el tema es complejo y requiere sensibilidad para evitar prácticas que puedan derivar en discriminación o limitaciones injustificadas.
“La discapacidad es un tema bastante delicado. Incluso nosotros como institución tenemos protocolos que seguir para salvaguardar la integridad de los alumnos, pero también es importante considerar que las personas pueden desarrollar independencia”, expresó.
En ese sentido, reconoció que algunas empresas, como las de transporte, podrían establecer lineamientos para reducir riesgos; sin embargo, advirtió que estas disposiciones deben revisarse cuidadosamente para no restringir la movilidad de quienes cuentan con la capacidad de desplazarse por sí mismos.
El planteamiento surge en medio de un debate creciente sobre el equilibrio entre seguridad e inclusión, particularmente en servicios públicos y privados donde se toman decisiones que impactan directamente a personas con discapacidad.
Solís Martín subrayó que el verdadero reto radica en capacitar al personal y generar criterios claros que permitan distinguir cada caso, evitando generalizaciones que puedan afectar derechos fundamentales.
Finalmente, destacó que la inclusión no debe limitarse a medidas de protección, sino que debe partir del reconocimiento de la autonomía y dignidad de las personas, quienes diariamente demuestran su capacidad para desenvolverse en distintos entornos.