Por Víctor Hugo Vargas
En Cancún, la violencia no es una percepción, es una realidad lacerante que se vive todos los días en las calles, en los hogares, en los hospitales, en las fiscalías y, sobre todo, en el miedo silencioso de sus habitantes. La omisión sistemática de incidentes por parte de las autoridades ha convertido a este destino turístico en uno de las ciudades más peligrosas de México. Lo que se pretende esconder bajo el brillo de la zona hotelera, brota con furia en las regiones populares, donde el hartazgo ha orillado a ciudadanos a tomar la ley por su cuenta.
El reciente linchamiento de un presunto delincuente a manos de vecinos en una zona habitacional no es un hecho aislado. Es el resultado directo de una policía municipal rebasada, dividida, sin estrategia clara, con mandos improvisados y una estructura señalada por corrupción y opacidad. Es también la consecuencia de una cadena de omisiones que empieza con la falta de prevención y termina en tragedias que afectan, cada vez con más frecuencia, a niños y adolescentes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez ha sido incapaz de dar respuesta efectiva a una crisis que no para de escalar. La constante rotación de titulares, entre militares, policías de carrera , sólo ha evidenciado la falta de rumbo. Mientras tanto, el crimen organizado integra a sus filas con facilidad a jóvenes que figuran en la estadística de detenciones por narcomenudeo y homicidios, robos de motos. Jóvenes carentes de oportunidades para concluir sus estudios, sin futuro que terminan armados, consumidos por una violencia que no entienden pero ejecutan.
El caso más reciente —una menor baleada y trasladada de manera improvisada en motocicleta debido a la falta de reacción policial— es una muestra cruel del nivel de descomposición. También lo es el asesinato y abuso de otro menor a manos de su padrastro, un crimen atroz que se suma a una larga lista de horrores cotidianos.
Cancún genera más de 7 mil millones de pesos de presupuesto en 2025. Es la joya del turismo mexicano, pero sus recursos son insuficientes para garantizar seguridad y justicia a su gente, la misma que como combustible, alimenta el motor que impulsa la industria turística.
Mientras autoridades municipales presumen una reducción en las cifras de incidencia delictiva para proteger la imagen internacional del destino, se ignora lo evidente: Cancún se ha convertido en una ciudad donde la ley se aplica a conveniencia, donde la impunidad reina y donde la población ha dejado de confiar en quienes deberían protegerla.
Ya no se trata de percepción, se trata de vidas. Se trata de un Cancún donde las víctimas son cada vez más jóvenes, donde la sociedad se ha visto forzada a defenderse sola, y donde la violencia no sólo es visible, sino también consentida por el silencio de las autoridades.
Cancún, tristemente, se ha convertido en tierra sin ley. Y eso debe dejar de ser tolerable.