CHETUMAL, Quintana Roo, 16 de mayo. – Tras la abrogación de la Ley de Imagen Institucional, aprobada por la mayoría de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Partido del Trabajo (PT) como un punto de obvia y urgente resolución, la organización civil, Observatorio Legislativo pidió a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, no publicar el decreto en el Periódico Oficial del Estado, para evitar su entrada en vigor, es decir que sea efectivo.
A través de un comunicado, el Observatorio, encabezado por Eduardo Galaviz explicó que la Ley de Imagen Institucional está fundamentada en los principios constitucionales que regulan la propaganda Gubernamental y protegen a las instituciones de la promoción personalizada de funcionarios, o administraciones con recursos públicos.
“La fundamentación de esa iniciativa se basó en la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016)”, indicó.
Y subrayó, “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Expuso que la abrogación de la reforma impulsada por la bancada de Morena, fue aprobada sin el proceso legislativo adecuado, sin importar que objetivo de la ley impulsada de origen desde la Décimo Quinta Legislatura en 2017 era, “evitar que los cambios políticos en las administraciones y gobiernos federal, estatal o municipal impliquen aplicaciones de imágenes partidistas en las funciones de gobierno, no solo por la inequidad política sino también por el gasto que se origina cambiar colores en muebles e inmuebles con los colores del partido en el poder en cada cambio de gobierno por el proceso electoral”.
LEY DE HERODES
Por lo que, destacó que ahora con abrogación de la Ley presentada por la bancada de morena y aprobada conjuntamente con sus aliados políticos del PT y del PVEM se queda un vacío institucional que permitirá que no se apliquen estos principios constitucionales de administración eficiente de los recursos, ya que la iniciativa solo propuso abrogar, no estableció nada en su lugar.
“En el fondo está la actitud de cómo no me gusta esta ley la quito porque tengo la mayoría para hacerlo. Nos recuerda en el imaginario colectivo a situaciones como vimos en la película de la Ley de Herodes”, criticó.
Añadió que, “en su premura legislativa de quedar bien con sus partidos políticos en una contienda electoral, no consideraron que esos principios ya están en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, -incluso con una mayor precisión que en la Constitución Federal- de no favorecer a alguna imagen de partido político en el poder”.
Como dijo establece el Artículo 166 BIS.- “Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Aseguró que ha sido ocioso introducir esta iniciativa de abrogación ya que la normatividad para su cumplimiento está establecida en la Constitución Política del estado de Quintana Roo.
Finalmente, dijo que ante la promesa de la Décimo Séptima Legislatura de aprobar una Ley de Austeridad para tener un mejor uso de los recursos públicos. Es oportuno, no obstante, solicitar al Poder Ejecutivo que ante tal aprobación se mantenga sin publicar el Decreto correspondiente o se incline por vetarlo. Voluntad Política.