El Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa de reforma del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para eliminar dos párrafos del artículo 331 del Código Penal del estado sobre el delito de ultrajes a la autoridad.
La modificación no deroga el delito de ultrajes a la autoridad, como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La iniciativa fue enviada el 31 de enero y hasta este domingo se realizó la sesión extraordinaria para votar la iniciativa, que se avaló con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Los párrafos eliminados señalan que se incurre en el delito cuando “se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Esta reforma mantiene la pena de cárcel si se ejecuta por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.
Se mantuvo también el delito e imponer sanciones de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y se agravará de cinco a siete años de cárcel cuando se actualicen las anteriores causales.
El artículo espejo 371 del mismo Código Penal no fue tocado.
Con información de Milenio
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