CIUDAD DE MÉXICO, 18 de Julio.- En vísperas de que se promulguen las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, presentó su renuncia al presidente, Enrique Peña Nieto, con el objeto de que, en el esquema del nuevo modelo, éste último tenga la posibilidad de proponer al Senado de la República a un titular de la dependencia para su ratificación.
Andrade destacó que este día será el inicio de una nueva era en el desempeño de la Secretaría, por lo que estimó pertinente presentar la renuncia al cargo “a fin de que el Ejecutivo federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción, con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado. Hoy finaliza por lo tanto, la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural”.
Andrade agradeció a quienes lo respaldaron durante su gestión a sus críticos y opositores, pues con sus cuestionamientos permitieron buscar el mejoramiento en el desempeño de esta institución. Asimismo, agradeció la confianza al Presidente haberle conferido este cargo, en febrero de 2015.
El ahora ex secretario de la Función Pública fue designado por el Presidente el 3 de febrero de 2015, en el marco de informaciones periodísticas que daban cuenta de una casa, propiedad de la esposa del presidente, Angélica Rivera, que había sido vendida por el Grupo Higa, situación que provocaba un presunto conflicto de interés que el nuevo funcionario debió indagar, según la instrucción presidencial.
También le encomendó la investigación de otro conflicto de interés por una razón similar, de una propiedad del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en el municipio de Malinalco, estado de México. Hacia finales de agosto de 2015, en vísperas del informe de gobierno. Andrade dio a conocer el resultado de investigación determinando la exoneración de ambos funcionarios, en medio de fuertes descalificaciones de los partidos de oposición.
Para entonces, la SFP sólo existía gracias a que un transitorio de las reformas a la estructura orgánica del gobierno federal, le permitía seguir operando hasta en tanto se creara el nuevo sistema anticorrupción. No obstante, en la reforma constitucional y las leyes secundarias se determinó reactivar a la SFP, que desempeñaría un papel central en este modelo. (FUENTE: La Jornada)