CHETUMAL, Quintana Roo, 27 de diciembre. – En un esfuerzo por modernizar su estructura y garantizar un mejor acceso a la justicia, el Poder Judicial de Quintana Roo dio un paso significativo este 2024 con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, establecida mediante la Declaratoria número 008, publicada el pasado 6 de junio.
Esta nueva Sala, integrada por las magistradas Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien la preside, Dulce María Balam Tuz, y el magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, tiene como objetivo reforzar la defensa de los derechos constitucionales en la entidad.
En sesiones plenarias realizadas el 9 de septiembre y el 8 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia aprobó una reorganización de las Salas, redefiniendo sus competencias territoriales y especializadas:
• Cuarta Sala: Con sede en Chetumal, ahora asume los asuntos civiles, mercantiles y familiares de los distritos judiciales de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
• Décima Sala: Establecida en Playa del Carmen, atenderá las mismas materias en los distritos judiciales de Solidaridad, Tulum y Cozumel.
Como parte de esta reestructuración, se creó la Oficialía de Partes Común de Segunda Instancia, ubicada en Chetumal. Este organismo se encargará de gestionar los asuntos dirigidos a la Sala Constitucional y a las Salas con competencias en materia civil, mercantil y familiar, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y brindar mayor eficiencia en la atención a los usuarios.
La publicación oficial de estas reformas el pasado 10 de octubre reafirma el compromiso del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo con la modernización y fortalecimiento de su capacidad operativa. Estas medidas buscan no solo optimizar los procesos judiciales, sino también garantizar que las necesidades de las y los quintanarroenses sean atendidas de manera justa y eficiente.
Esta evolución en el Poder Judicial representa un avance hacia una administración de justicia más accesible, moderna y comprometida con los derechos de los ciudadanos en la entidad.