CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre.— Senadoras y senadores iniciaron el debate, ante el Pleno del Senado de la República, sobre las reformas a la Ley Federal de Derechos, las cuales buscan impulsar un ordenamiento fiscal actualizado para mejorar la gestión de los bienes nacionales y garantizar un sistema de derechos más equitativo y transparente.
La propuesta para el 2025 proyecta ingresos por derechos, aprovechamientos y productos por 374 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 10.4 por ciento en términos reales, respecto a lo programado para el cierre del presente año.
Se precisa que las reformas consisten, casi en su totalidad, en la actualización de cuotas con base en la inflación.
Las modificaciones más relevantes se relacionan con los servicios migratorios, la minería, las telecomunicaciones, así como en aspectos relacionados con el medio ambiente; uso, exploración o aprovechamiento de aguas nacionales, y el espacio aéreo mexicano.
En este sentido, se incrementan los derechos especiales y extraordinarios sobre minería, elevando las tasas de 7.5 por ciento a 8.5 por ciento, y de 0.5 por ciento a uno por ciento, respectivamente; ajuste que responde al alza en los precios internacionales de los metales.
Se precisa, que los recursos adicionales que se logren sobre este tema serán destinados a programas y proyectos que beneficien a las comunidades de las zonas mineras.
Además, se ajustan las cuotas para visitantes extranjeros, en particular, se elimina la exención de derechos a pasajeros de cruceros internacionales, ya que el Caribe captura más de 50 por ciento de la capacidad global de cruceros o puertos clave.
También se propone la exención del pago de derecho a comunidades afromexicanas e indígenas por servicios de telecomunicaciones, así como a personas que utilicen las telecomunicaciones en actividades de protección civil.
En temas de medio ambiente y recursos naturales, se actualizan cuotas, con el objetivo de fortalecer acciones de manejo, conservación y restauración de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas de nuestro país.
El dictamen establece reformas claves para garantizar una gestión sostenible y eficiente del uso del agua, una de ellas, es la instalación obligatoria de medidores que permitan una medición precisa de los volúmenes de agua utilizados o descargados.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, expresó que las modificaciones contenidas en el dictamen fortalecen la soberanía nacional y privilegian sectores estratégicos, además de que representan un paso firme hacia un México más justo.
Además, se impulsa la rectoría del Estado sobre los recursos de la nación, ya que “se promueve la transparencia y la redistribución justa de los beneficios derivados de nuestro patrimonio, así como un desarrollo equitativo que no deja a nadie atrás”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, aseguró que el dictamen tiene el propósito de modernizar y fortalecer la gestión de recursos públicos, al alinear el marco legal con la realidad del país, así como con los principios de sostenibilidad, inclusión social y eficiencia administrativa.
Precisó que, entre otras, se modifican las cuotas por expedición de documentos migratorios y para vuelos internacionales, el cobro de derechos en materia de minería y del uso de áreas naturales protegidas. “Tenemos la firme convicción de que se busca fortalecer la justicia social y el bienestar. En dos palabras: prosperidad compartida”, resaltó.
Posteriormente, la asamblea pasó a la presentación de los votos particulares de 14 senadoras y senadores de la República