Benito Juárez, Quintana Roo.- Una mujer identificada como Mónica “N” ha sido vinculada a proceso por su presunta participación en delitos de explotación laboral en agravio de cuatro menores de edad. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la imputada fue señalada como la persona encargada de vigilar a los adolescentes, quienes fueron rescatados por el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) en Benito Juárez.
Los menores, que permanecen con identidad reservada, fueron encontrados en condiciones alarmantes: estaban encerrados en la azotea de un inmueble ubicado en la Supermanzana 231 y no habían ingerido alimentos desde el día anterior. Según la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes fueron reclutados en el estado de Chiapas bajo la falsa promesa de empleo con un salario de dos mil pesos semanales.
Una vez en Benito Juárez, los menores fueron obligados a trabajar en diversas tortillerías del municipio, donde cumplían jornadas extenuantes de hasta 16 horas al día, en las que debían permanecer de pie todo el tiempo bajo amenaza de castigos si desobedecían. Además, eran monitoreados constantemente mediante cámaras de videovigilancia.
El rescate se logró cuando los menores lograron pedir ayuda, lo que llevó a las autoridades a intervenir. A pesar de expresar su deseo de regresar a su lugar de origen, los adolescentes fueron encerrados sin acceso a alimentos durante más de 24 horas, con el fin de evitar que escaparan y preservar la mano de obra barata que representaban para sus captores.
Tras la presentación de pruebas, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Mónica “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años. Los adolescentes han sido reunidos con sus padres, quienes llevaban meses sin tener noticias de ellos.
Este caso pone en evidencia la problemática de la explotación laboral infantil en el país y subraya la necesidad de reforzar las medidas de protección para los menores en situación de vulnerabilidad. Las autoridades continúan las investigaciones para desarticular posibles redes de trata de personas en la región.