EL AVISPERO: ¿Ley de periodistas en vísperas electorales? ¿Qué podría salir mal?

Diana García

Hay dos cosas que un periodista no puede permitirse nunca: descuidar su nombre y desconocer la historia. Por ello resulta estrictamente necesario, recordar algunos pasajes oscuros de Quintana Roo, donde los periodistas vivieron agresiones, acoso, desprestigio, violencia, y en algunos casos, llegaron a prisión, por el solo hecho de hacer su trabajo.

En agosto de 2015 durante el sexenio del priísta Roberto Borge Angulo, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley para la protección de activistas y comunicadores que se encontraran en situaciones de riesgo en la entidad, establecía la creación de un Comité integrado por autoridades municipales, estatales, de la Fiscalía local, y algunos representantes del gremio.

El detalle, es que también condiciona el acceso a la información, y la sometía a “una acreditación especial”, que entregaba el Gobierno del estado, a quién “considerará periodista”, y ahí es donde la cosa se puso fea.

El ejercicio periodístico no puede estar bajo control de ningún gobierno, jamás, en contraste con otras profesiones, este ligado estrictamente a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se garantiza la libertad de expresión, la cual no puede ser condicionada o regulada por un Gobierno.

El Artículo 6 de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.. cita la Carta Magna.

Entre los principios y bases que la Federación y las entidades federativas deben regir para garantizarlo, en el párrafo III precisa que: “Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública” … Si, la ley Borge fue derogada por ser inconstitucional.

Pero, en consecuencia, de la lucha que periodistas valientes del estado emprendieron ante los abusos que ya enfrentaban, y si no hay memoria, vale la pena recordarlo:

En enero de 2014 cuentas bots, paginas clonadas, intentaron enlodar el nombre del entonces corresponsal de Proceso en Cancún, los ataques fueron replicados por cuentas oficiales, por respeto a su persona no será necesario citar su nombre. Pero la embestida mediática, fue registrada por la organización Articulo 19, igual que el “atropellamiento” del corresponsal de Luces del Siglo, el cual por cierto se registró con pocas horas de diferencia, en ambos casos, se trató de ataques vinculados directamente a su ejercicio periodistico.

En la zona maya, la historia fue peor, un comunicador, fue detenido ilegalmente mientras cubría una manifestación, pasó nueve meses en prisión.  ¿Ya nadie se acuerda?

¿Para que sirvió un comité de protección a periodistas integrado por autoridades locales, mientras los periodistas fueron agredidos desde el Estado? Exacto, para nada.

Una década después, en México, los periodistas enfrentan el acoso judicial, como otro mecanismo de censura, en el 74 por ciento de los litigios son iniciados por instituciones y autoridades locales, según el informe “Estructuras de Silencio” de la organización Articulo 19.

Y Quintana Roo, no es la excepción, en mayo 2024 la guerra sucia en vísperas del proceso electoral, busco enlodar a otros tres periodistas de Playa del Carmen, pasquines difundieron datos personales, calumnias y acoso desde el anonimato. Pero, además fueron sometidos a un proceso jurídico plagado de irregularidades.

En ese sentido, es pertinente preguntar ¿A quién le sirve, someter al gremio a una ley que se construye en la opacidad, a espaldas de los periodistas, con el consenso de 10 personas cuyos nombres se desconocen?

EFECTOS SECUNDARIOS

Hace cuatro días, que este documento fue ingresado por un comunicador de Cancún, que asegura representa a una organización que se llama “Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo (UPDQROO)”. El detalle es que no se le ocurrió convocar por lo menos a la prensa que cubre la fuente del Congreso del estado. ¿Por qué? Dios y su conciencia lo saben.

Pero, lo que en este espacio tenemos claro, es que la flamante idea nació de un borrador entregado por la diputada de Playa del Carmen represéntate del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas en medio de una conferencia de prensa improvisada a solo un grupo de periodistas inconformes con la reforma al código civil, para implementar “el derecho a la imagen propia”, algo que en su nombre suena bonito.

Nada más que esa reforma fue el último intento de censura, que el propio Congreso del estado desechó por contravenir la ley federal de derecho de autor, y además violar los artículos 6 y7 de la Constitución.

Aunque cabe mencionar, la diputada María José se comunicó con esta reportera, para señalar que “ella ya no intervino, absolutamente en nada, para construir, o acompañar esta ley de periodistas, y que quienes la promueven, lo hacen a título personal”. 

En mi pueblo a eso se le llama, “tirar la piedra, y esconder la mano”, como sea es lo de menos.

Cualquier iniciativa de ley, debe construirse en consenso con los sectores involucrados, en nuestro caso: medios de comunicación, periodistas, organizaciones de libertad de expresión, especialistas en derecho digital y por supuesto, académicos constitucionalistas.

Aquí estaremos muy atentos al documento.  Eso, si, más allá de la propuesta, son las formas.

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