Remite Contraloría de Cancún 12 denuncias contra funcionarios a Fiscalía

CANCÚN, Quintana Roo, 03 de julio.- En lo que va de 2026, la Contraloría Municipal de Benito Juárez ha recibido alrededor de 17 denuncias contra funcionarios públicos, de las cuales 12 han sido remitidas a la Fiscalía y cinco al Tribunal de Justicia Administrativa, informó Hilario Gutiérrez Valasis, titular de la dependencia.

El contralor explicó que la instancia municipal se encarga de integrar los expedientes y determinar si las conductas denunciadas constituyen faltas graves o no graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Nosotros hemos estado pasando más o menos unas 10, 12 denuncias aproximadamente, y en el sentido de cuestiones al Tribunal de Justicia Administrativa, otros cuatro o cinco más”, señaló.

Gutiérrez Valasis indicó que las faltas no graves también pueden derivar en sanciones para los servidores públicos, incluidas inhabilitaciones de hasta un año.

En el caso de las faltas graves, explicó que pueden implicar multas, devolución de recursos mal aplicados, inhabilitaciones y la intervención de autoridades ministeriales cuando existan elementos de carácter penal.

En esos casos, los expedientes pueden ser turnados a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde podrían determinarse responsabilidades mayores.

El titular de la Contraloría también informó que se mantienen en investigación al menos dos casos recientes de presunta corrupción que involucran a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Uno de ellos corresponde al policía de tránsito que fue exhibido en un video difundido en redes sociales, caso que ya se encuentra bajo revisión de la autoridad municipal.

El segundo caso está relacionado con un elemento de la Policía Turística, presuntamente sorprendido realizando cobros irregulares durante una revisión de cámaras.

Ante esta situación, Gutiérrez Valasis señaló que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentar la denuncia correspondiente, a fin de determinar si el procedimiento será de carácter administrativo o penal.