Puerto Morelos avanza con progreso y en la ruta correcta: Blanca Merari Tziu

PUERTO MORELOS, Quintana Roo, 13 de septiembre de 2022.- Hoy somos un municipio que avanza con progreso, imbatible en su lucha cotidiana por lograr los sueños anhelados por todas y todos, destacó la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, al rendir su Primer Informe de Gobierno, en el marco de la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, que contó con la presencia del gobernador Carlos Joaquín González.

“Vamos a consolidar nuestra visión compartida de un Puerto Morelos digno, con más y mejor infraestructura, más inversión y crecimiento turístico, con mejores condiciones para el desarrollo de nuestra gente”, señaló en el evento organizado en el Parque Fundadores del Casco Antiguo, al que también acudieron la diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, en representación de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, y el magistrado Heyden José Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

“En apego a las leyes federales y estatales, acudo a rendir este Primer Informe de Gobierno del periodo constitucional 2021-2024 a los miembros del Honorable Ayuntamiento, pero principalmente a los ciudadanos, a quienes me debo, para detallar el estado que guarda la Administración Pública Municipal y poner bajo el escrutinio público nuestros logros y avances”, refirió.

Ante cientos de ciudadanos, la Alcaldesa dijo de manera tajante que estará siempre vigilante de que nunca se repitan las malas y reprochables conductas del pasado.

“Durante mi administración no habrá ni omisión ni corrupción”, por lo que ya se acreditaron y presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias penales correspondientes contra quienes resulten responsables de haber saqueado al municipio, mismos que “tendrán que dar la cara”.

Indicó que se denunció el desvío de 90 millones de pesos de cuotas obrero-patronales que el gobierno anterior descontó a los trabajadores y no pagó al IMSS, dejando en total incertidumbre a la base laboral, al igual que un posible peculado con recursos federales para obras públicas.

Sin embargo, la denuncia más importante, por su cuantía, fue por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada “con la oscura firma” de dos contratos de Asociación Público Privada. “Pretendían imponernos el pago de más de 800 millones de pesos por los próximos 20 años, comprometiendo el futuro de nuestras hijas e hijos”.