Defensa legal de militares detenidos por Caso Ayotzinapa exigen a Encinas no “politizar” investigación
Los abogados de los cuatro militares detenidos por su presunta implicación en el Caso Ayotzinapa exigieron al subsecretario de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que deje de “politizar” y “manipular” la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa afuera de la puerta 8 del Campo Militar 1-A, sitio en donde se encuentran los militares detenidos, el abogado Alejandro Robledo Carretero dejó en claro que es inevitable pensar en la politización de la indagatoria cuando se libra una orden de aprehensión basado en las declaraciones de un delincuente protegido
“No es posible que ese juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que estas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal (Guerreros Unidos), pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que sí lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal”, dijo.
El abogado exigió al subsecretario de Gobernación no politizar el caso para que se alcanzar la verdad sobre la desaparición y tener acceso a la verdad “sin sesgos ni manipulaciones”.
Robledo Carretero apuntó que las declaraciones de Encinas Rodríguez solo han causado confusión en las familias de los estudiantes desaparecidos.
“Resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventado evidencia para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones correspondientes en contra de quien resulta responsable”.
Además, la defensa legal de los militares detenidos no descartó interponer próximamente una denuncia contra el subsecretario de Gobernación, quien también preside la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.
Con información de López-Dóriga Digital y El Universal
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