CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre.- Están de acuerdo pero nada cambia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, intentó apagar el incendio que prendió el jueves el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, al criticar el uso de militares en tareas policiales. En un gesto conciliador, Peña Nieto expresó su plena coincidencia con Cienfuegos: “Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que corresponden a las policías y procuradurías […] Han asumido una misión que en sentido estricto no les corresponde”.
Las palabras de Peña Nieto buscan cerrar una herida abierta. El uso del poder militar en la lucha contra el narcotráfico se ha vuelto un arma de doble filo. El ejército se ha mostrado hasta la fecha como la única fuerza capaz de contener al crimen organizado. Pero su empleo ha dejado un terrible saldo. Desde que en 2005, el presidente Vicente Fox sacó a los soldados a la calle la pesadilla se ha llevado por delante más de 100.000 vidas.
El desgaste es evidente. Con 50.000 soldados movilizados y estados enteros como Guerrero o Tamaulipas sumidos en un túnel de terror, la tarea de las fuerzas armadas se enfrenta a su propio abismo. No hay día con paz en México, y pese al gigantesco esfuerzo, nadie da por vencida la guerra. Sin victoria, los soldados arrastran el estigma de la tortura y los abusos. En este escenario, el cansancio, cuando no el hartazgo, ha empezado a aflorar. “Hay desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento”, admitió en octubre Cienfuegos, cuando dio un primer aldabonazo. Entonces pidió públicamente más efectivos y, sobre todo, un marco legal que regule su presencia en las calles.
El jueves dio un paso más. “Esto no se resuelve a balazos. ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí. Ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes”, clamó el general.
El golpe de Cienfuegos hizo retumbar el país. No es habitual que el alto mando hable. Y menos que lo haga con tanta claridad. Pero su discurso puso el dedo en la llaga. Cienfuegos y su estado mayor llevan años pidiendo una legislación que ampare plenamente su lucha contra el narco. La reforma, sin embargo, apenas avanza. Hay temor, o eso creen los militares, a que tras la legalización de su despliegue, no quieran volver a los cuarteles.
Atrapados en esta contradicción, con un poder civil que los convoca a una guerra despiadada, pero que no les da cobertura legal suficiente, la tensión se ha ido agudizando. Las quejas son cada vez más frecuentes. Y lo que antes solo eran comentarios de cuartel ahora ya tienen rango de discurso oficial. De ahí la rapidez de Peña Nieto en intentar calmar las aguas.
El presidente ha reconocido que se trata de una “asignatura pendiente” y que los militares han asumido una misión que no les corresponde. En esta línea, ha indicado que mientras las “instituciones civiles” no estén preparadas tendrán que seguir con la tarea. Para que esto cambie, según los expertos y los propios militares, no sólo se requiere de la intervención presidencial sino que los Estados se hagan corresponsables de las tareas de seguridad, un trabajo sangriento y volátil que prefieren evitar y dejar en manos de los soldados.
“El compromiso lo debemos asumir todos, y digo todos, porque no está sólo en el ejercicio y en la tarea del presidente de la República, lo está en el de los gobernadores, lo está en el de todos los poderes del Estado mexicano para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública”. Afirmó Peña Nieto. A diez años del inicio de la guerra contra el narco, el papel de los militares sigue en el ojo del huracán. (FUENTE: El País)
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