Eduardo Ortiz Jasso, avergüenza a la ONU-Hábitat

CANCÚN, Quintana Roo, a 3 de Julio.- Los actos de corrupción cometidos por Eduardo Ortiz Jasso, ex director del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez (Implan), llegaron hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su segmento Hábitat, pues para evitar vergüenzas le notifican que le fue retirado el nombramiento honorifico que le había sido otorgado a nivel institucional.

En la misiva membretada por el “Programa de las Naciones Unidas Para los Asentamientos Humanos”, y cuya copia se exhibe en este artículo, se informa al repudiado e inhabilitado ex funcionario para desempeñar cargos públicos que “el nombramiento honorífico que le fue otorgado el 11 de septiembre del 2012 por el director Eduardo López Moreno como representante en México de la Red de Ciudades para el Pacto Mundial para las Ciudades Prosperas, ha quedado sin efecto a partir de su salida como titular del Instituto Municipal de Planeación…”.

El texto agrega que “todo esto (la anulación del nombramiento honorifico) en consideración de que dicho nombramiento le fue otorgado de forma institucional”, es decir que la ONU-Hábitat desconoce cualquier trabajo que realice el hoy principal prospecto a dirigir la súper agencia que contratará el gobierno de Quintana Roo para desarrollar las Asociaciones Público Privadas (APP) en el Estado.

Eduardo Ortiz Jasso, encuentra en las APP un nuevo botín

En los próximos días o quizá horas, el gobierno del estado pondrá en marcha la recién aprobada por el Congreso de Quintana Roo, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo que pretende volver más eficiente la administración pública y que sus decisiones se traduzcan en resultados eficaces y medibles.

Entre las modificaciones se abre la posibilidad de que el gobierno del estado eche mano de la Agencia dedicada a las Asociaciones Público Privadas (APP), para el desarrollo de proyectos que la iniciativa privada no puede emprender sola y para que el gobierno pueda allegarse de los recursos necesarios para concretar obras.

Los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP), son una tendencia mundial promovida por el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional para el desarrollo de proyectos que la iniciativa privada no puede emprender sola y para las que los gobiernos no cuentan con los recursos necesarios, es decir, las unifica.

Y es precisamente en las APP en donde Eduardo Ortiz Jasso y su camarilla de saqueadores en donde han encontrado la forma para colarse  tanto al manejo del presupuesto del gobierno del estado para las  obras públicas como para beneficiar a las empresas de sus “socios” y las propias.

De hecho, fuentes bien informadas afirman que la súper agencia de Ortiz Jasso ya tiene todo preparado para desarrollar los proyectos de muelles, centros logísticos, el tren de Chetumal-Cancún, y todas aquellas que tengan que ver con desarrollo ambiental y urbano.

La preocupación de los empresarios no es que se desarrollen dichos proyectos, al contrario son muy necesarios. Lo que tememos es la forma en las que se destinen los recursos y las empresas participantes que serán beneficiadas al otorgarles las concesiones, pues en manos de Ortiz Jasso se corren muchos riesgos.

Historial de fracasos y corrupción de Ortiz Jasso

Como todos en Quintana Roo saben, Eduardo Ortiz Jasso es conocido por manipular la administración pública en su beneficio, hechos que le valieron la inhabilitación y por ser un mal funcionario.

El cuestionado sujeto se desempeñó durante 8 años en el Implan del municipio de Benito Juárez. Los proyectos que realizó durante todo ese tiempo nunca dieron resultados, además de que condicionaba a las empresas que pretendían desarrollar proyectos a buscar la asesoría de su empresa “Grupo Río Arquitectura” para que se les fueran aprobados, cobrándoles cantidades exorbitantes por sus servicios.

Después de todos esos años de corruptelas y prácticas ilícitas, en febrero de 2009, el entonces presidente municipal de Benito, Juárez Gregorio Sánchez Martínez, informado sobre la renuncia de Ortiz Jasso al frente del Implan antes de dar a conocer los resultados de una la auditoría realizada a la dependencia que dirigía.

La fiscalización se realizó ante las constantes denuncias de corrupción en contra de Ortiz Jasso por beneficiar económicamente a sus allegados y familiares al pretender manipular las leyes para tener poder.

Entre algunos de sus actos ilícitos está la violación del reglamento de construcción en Benito Juárez en donde las cláusulas condicionaba la construcción de un inmueble de gran magnitud a la presentación de un estudio de impacto ambiental, está norma Ortiz Jasso la utilizó a su favor para crear una empresa para acreditarse la elaboración de los estudios y cobrar por sus servicios.

A finales de 2006 Ortiz Jasso dio de alta al “Grupo Río Arquitectura” como instancia especializada en la elaboración de estudios técnicos de construcción. La constitución de esta sociedad mercantil constaba de 100 acciones por 500 mil pesos cada una, es decir una empresa con un valor de 5 millones de pesos.

En ese entonces de funcionarios municipales aseguraron que 2007 el Implan de Ortiz Jasso rechazó varios estudios técnicos y les exigía a los proveedores que se asesoraran en Grupo Río Arquitectura, que en la mayoría de las ocasiones duplicaba el precio de los estudios.

La empresa de Ortiz Jasso decía especializarse en obras públicas federales, estatales y municipales y capaz de desarrollar trabajos de puentes, presas, pavimentación, carreteras y edificios públicos, etcétera,  proyectos desde el Implan Ortiz Jasso desarrollaba.

Durante la auditoría, se determinó que el ex funcionario no cumplir los requisitos que por ley debía cubrir, además de que no se condujo con la máxima integridad en el cargo y se le comprobó que oculto información que conservaba bajo su cuidado como fue el programa de desarrollo urbano del centro de población de Cancún 2013 2030 mismo que no entregó a renunciar.

Por esa razón está inhabilitado por 5 años para desempeñarse en el servicio público según información del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Alejandro Vargas González