Anuncia Nuevo León embargo de su ex gobernador y ex funcionarios

MONTERREY, Nuevo León, 3 de Junio d 2016.- Luego de seis meses de investigación, este viernes la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción en Nuevo León anunció el aseguramiento de los bienes del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz así como de 10 ex funcionarios de su administración. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa, encabezada por Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, quien indicó que el aseguramiento de bienes o embargo precautorio tiene su origen en “La Operación Tornado”.

La investigación está relacionada con hechos vinculados con peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición. Canales aclaró que la acción no se trata de una campaña en contra de un grupo de funcionarios.

Lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores”, explicó.

Agregó que el embargo de bienes a los ex funcionarios es el resultado de las tareas de investigación que se iniciaron desde el proceso de entrega-recepción, durante el cambio de administración. Precisó que el embargo de bienes de funcionarios públicos es para respaldar los daños ocasionados al erario. Las actas de ese proceso, los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado y las denuncias ciudadanas realizadas a partir del inicio de la gestión del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, son la raíz de las imputaciones presentadas ante el Juez”, sostuvo.

Dijo que la “Operación Tornado” responde a la exigencia de los ciudadanos a actuar en contra de la corrupción. El embargo precautorio, compartió, en contra de los ex funcionarios está vinculado con la instalación de una armadora coreana en el estado.

La lista de los ex funcionarios está integrada por:

Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador del estado; Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico; Celina Villarreal Cárdenas, ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional.  Además:   Rodolfo Gómez Acosta,  ex secretario de Finanzas y tesorero general; Luis Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas; Jaime Parada Ávila, ex director del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Sergio Alanís Marroquín, ex director ejecutivo de Fomerrey; Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus y Víctor Martínez Trujillo, ex director General del Sistema de Caminos de Nuevo León. Por su parte, Aldo Fasci, quien es asesor del ejecutivo del estado explicó el modo de operación y los delitos de cada uno de los implicados.

Canales especificó que se investigan los posibles hechos delictivos en los que están relacionadas tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como el Sistema Estatal de Caminos. En el primer caso, se presume que el ex Secretario y funcionarios cercanos suscribieron contratos por 4 millones 675 mil pesos, sin cumplir con los requisitos que marca la ley. Mientras que en el Sistema Estatal de Caminos, hubo una celebración indebida de ocho órdenes de compra y la simulación de una obra en el municipio de San Nicolás, entre otras cosas. Por dicho asunto, el perjuicio en contra del estado sería del orden de 9 millones de pesos.

INHABILITARAN A SEIS

También se informó que por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores, la Contraloría General del estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración de Medina de la Cruz. La contralora general, Nora Elia Cantú precisó que además de la inhabilitación a cinco de esos  funcionarios se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.

Será  en las próximas semanas cuando se  dictarán más resoluciones en contra de otros funcionarios de la administración anterior. Señaló que a la fecha la Contraloría ha integrado 117 casos por quejas y denuncias recibidas, así como por el resultado de auditorías, revisiones y verificaciones iniciadas a partir del cambio de Gobierno.(FUENTE: El excélsior)