Aprueban las bases del Sistema Estatal Anticorrupción

CHETUMAL, Quintana Roo, 14 de Julio. – La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó en su totalidad, en tiempo y forma, las reformas para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción con lo que se da cumplimiento legal al ordenamiento federal que exigía concluir estas reformas antes del 18 de julio y que comprenden cambios profundos a diferentes ordenamientos, así como la creación de nuevas leyes con las cuales combatir la corrupción en la entidad.

Durante la realización del cuarto periodo extraordinario de sesiones los legisladores aprobaron por unanimidad nueve reformas, adiciones y derogaciones a diversos ordenamientos con lo que se da cumplimiento al mandato constitucional y, sobre todo, a la demanda ciudadana de combatir la corrupción, para lo cual fueron convocados a participar en la integración de estas propuestas legales que hoy se cristalizan.

En la sesión presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el pleno del Congreso del Estado aprobó los dictámenes presentados por los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y la Comisión de Justicia, quienes se abocaron al análisis y estudio de 19 iniciativas en la materia que concluyeron en nueve dictámenes.

En su intervención, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos aseguró que, con la aprobación de este paquete de reformas, se cierra la fase de diseño y se abre la implementación: “se da un importante paso hacia la meta, pero aún no la cruzamos”.

Martínez Simón agregó que el Sistema Estatal Anticorrupción será una herramienta muy poderosa para enfrentar a los poderes fácticos “que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.

El diputado Raymundo King de la Rosa, coordinador de la bancada del PRI, expresó que el paquete de reformas aprobado se encuentra en plena concordancia con la normatividad federal. Sin embargo, consideró necesario que la designación de los contralores de los organismos autónomos, debe recaer la Legislatura y no solo en la Diputación Permanente.

El Presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, manifestó que el trabajo de los contralores internos no será el de caerle bien a quienes dirigen los organismos autónomos.

“Su trabajo es ver que se hagan bien las cosas y que se aplique bien el recurso público, los bienes y también fiscalizar, porque ya son responsables y de no hacerlo van a tener que rendir cuentas ante esta Legislatura”, expresó.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, coordinador del PVEM, hizo un reconocimiento a los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y demás diputados que conforman la mayoría de la XV Legislatura, por escuchar las propuestas del PRI para que estas reformas no puedan ser impugnadas.

La XV Legislatura expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, un ordenamiento que abroga legislación vigente en la materia para incorporar un nuevo marco jurídico en materia de fiscalización.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, dijo que una de las principales aportaciones es que se eliminan los principios de anualidad y posteridad.  Así, la fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso, los que estén bajo la ley actual seguirán su curso hasta que sean agotados.

“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa”, mencionó.

Ramos Hernández precisó que se establecieron requisitos para quien ocupe el puesto de auditor superior, auditores especiales y unidades de vigilancia, para que sean especialistas en auditoría gubernamental y además se especifican mecanismos de remoción de estos funcionarios.

CAMBIOS ESTRUCTURALES

El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante las cuales se reasignan atribuciones y se cambia la denominación de la Secretaría de la Gestión Pública a Secretaría de la Contraloría.

Dicha dependencia será una institución fundamental para el diseño e instrumentación del sistema anticorrupción, se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal. Además, la dependencia tendrá la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción.

El nombramiento del titular de esta dependencia, que estará a cargo del Ejecutivo y será ratificado por la Legislatura, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta.

En los transitorios de esta reforma se estableció que el titular y servidores públicos de los órganos internos de control de las dependencias y entidades paraestatales que se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos.

También se deberá emitir un Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

La XV Legislatura aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se establece que el sistema estará integrado por un Comité Coordinador Estatal y un Comité de Participación Ciudadana, que a su vez estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Los integrantes de este Comité, quienes durarán en su cargo cinco años, serán nombrados por la Legislatura a través de una Comisión de Selección.

En lo que respecta a las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, se adecúa el esquema de responsabilidades administrativas, políticas y penales de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto los servidores públicos como los particulares.

En los artículos transitorios se estableció que, los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

REFORZAR LAS INSTITUCIONES

Las diputadas y diputados del Congreso del Estado realizaron modificaciones a las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.

La finalidad de las reformas fue el de fortalecer el régimen jurídico respecto a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en la Constitución local.

Con las reformas se establece que los contralores Internos de la Fiscalía General, IEQROO, CDHQROO, IDAIPQROO, serán designados por la Legislatura, a través de una convocatoria pública que emita la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

Cabe hacer mención, que el Poder Legislativo contará con su propio órgano de control interno, a fin de propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos de la institución, establecer los mecanismos de fiscalización, control y auditoría, y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas dentro de su campo de acción, en concordancia con la implementación del Sistema Anticorrupción.

Se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya designación del titular estará a cargo de la Legislatura previa revisión de los requisitos y comparecencia de las personas que integren la terna que remitirá el Fiscal General.

Se aprobó la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el cual estará integrado por cinco magistrados, tres que integrarán la Sala Superior y dos magistrados unitarios, que integrarán Tribunales Unitarios Regionales. La designación de los magistrados se realizará mediante convocatoria pública abierta, sujeta a principios de paridad de género y máxima publicidad.

Al clausurar los trabajos del cuarto periodo extraordinario de sesiones, los legisladores se congratularon de haber logrado estos cambios de manera unánime con los cuales se busca cerrar el paso a la corrupción.