Aseguran cajas de First National Security por crimen organizado
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre.- El aseguramiento de las mil 500 cajas de la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo, forma parte de una investigación en contra de la delincuencia organizada.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron que el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) solicitó a un juez el aseguramiento de las cajas porque se tienen indicios de que, entre los documentos resguardados, hay elementos de prueba que pueden ser presentados en el caso.
La instancia federal aclaró que las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abren en el mismo sitio, y especificó que el contenido será revisado.
En caso de que encuentren elementos relacionados con la investigación serán puestas a disposición del Ministerio Público.
Al concluir el análisis, todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos, serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico.
Fuentes consultadas explicaron que el personal busca contratos, pagarés, documentos notariados de compra-venta y cheques.
La PGR informó que el aseguramiento de las mil 500 cajas fue ordenado por un juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo.
DIPUTADOS EXIGEN INFORME A LA PGR
El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe por el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad que rentan ciudadanos en Cancún, Quintana Roo, a la empresa First National Security.
Los legisladores pidieron a la CNDH que establezca las acciones idóneas para la protección de los derechos humanos de los afectados.
“Se exhorta a la PGR, a través de los órganos competentes, a ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno acceso a los bienes de los usuarios de la persona moral First National Security en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, conforme a las medidas impuestas desde el 9 de octubre y de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, destaca el punto de acuerdo que fue aprobado ayer por el pleno.
Legisladores mostraron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.(FUENTE: El Excélsior)
