Avanza en el Senado ley general contra la extorsión con penas más altas y persecución de oficio

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Senado avanzó en la aprobación de la nueva ley contra la extorsión que establece sanciones comunes en todo el país y penas homologadas contra ese delito, que deberá ser perseguido de oficio por las autoridades sin necesidad de una denuncia.

Nadie votó en contra. Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron por 33 votos unánimes a favor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y se prevé que este miércoles sea votada en el pleno de la Cámara Alta.

El proyecto propone sancionar a quienes obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

La ley propone la persecución de oficio del delito de extorsión, desde centros penitenciarios, establece procedimientos para la inhibición de llamadas y comunicaciones desde cárceles, punto frecuente de extorsiones telefónicas.

El senador Javier Corral informó que en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos realizaron cambios en 15 artículos y la inclusión de un nuevo artículo transitorio.

Aumento de penas por delito de extorsión

Uno de los principales cambios que hicieron los senadores fue el aumento de penas. Originalmente, la minuta establecía penas de seis a 15 años de prisión, sin embargo, eso implicaría que algunas personas que purgan sentencias por este delito en entidades donde las sentencias ya son mayores tendrían que ser liberadas. Eso ocurriría en por lo menos tres entidades: Morelos, Quintana Roo y Michoacán.

La ley general endureció las penas por el delito genérico de 15 a 25 años, además de las agravantes que pueden sumar hasta 17 adicionales.

La reforma incorpora 34 agravantes en tres niveles que aumentarían las condenas sobre la pena base. El primer nivel, con penas de 4 a 8 años adicionales, aplicará cuando se exijan cuotas adicionales, se use información personal de la víctima, se soliciten depósitos en cuentas financieras o el delito se cometa desde un centro penitenciario.

En el segundo nivel, con penas de 5 a 12 años más, abarca agravantes como la participación de varias personas e involucramiento de servidores públicos.

Los casos más graves, con hasta 17 años adicionales, castigarán de forma adicional a quienes comentan extorsiones con el uso de armas, para los llamados “montacoches” y casos donde se afecten el derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió su iniciativa el 21 de octubre y la Cámara de Diputados la aprobó nueve días después. El Senado tomó tres semanas más debido a los ajustes que le realizó principalmente en el aumento de sanciones en general y para los servidores públicos que no actúen en la persecución del delito.

En ese lapso, de acuerdo con lo que explicó el senador Javier Corral, el Senado estableció un grupo que trabajó en conjunto con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica de Presidencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Respaldo unánime

Legisladores de todos los partidos destacaron el impacto actual que tiene este delito en todo el país, que es el que más ha crecido en los últimos años. 

Al manifestar el respaldo a la minuta, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que es uno de los delitos “que tiene de rodillas cada día más y más mexicanos y mexicanas”. La legisladora destacó la cifra negra de 97 % que no denuncia. 

“En lugar de los 31 delitos de extorsión que se señala que son reportados diariamente a las autoridades, en realidad estamos hablando de mil delitos de extorsión cada día en nuestro país. En otros términos, 970 hechos delictivos de extorsión cometidos en nuestro país no se denuncian”.

Del PT, Lizzeth Sánchez, se centró precisamente en la cotidianeidad de las personas que enfrentan como víctimas ese delito sin denunciar y calificó la aprobación de la ley como un acto de justicia social. 

Advierten sobre insuficiencia de recursos

La senadora Carolina Viggiano aplaudió el intento de lograr leyes más consensuadas por parte de Javier Corral, y manifestó el respaldo del PRI para la nueva ley. Sin embargo, precisó detalles que, dijo, quedaron fuera de la normativa. 

La legisladora advirtió que la ley servirá de poco si no hay más recursos para las instituciones locales que deben atender los delitos del fuero común. 

“Queremos que la extorsión se acabe. Estoy segura de eso, en eso estamos de acuerdo. Por eso necesitamos hacer una ley que sea viable, que sí funcione, porque con el paso del tiempo la gente nos va a reclamar, nos va a decir: tanto hacer una ley para que no sirva para nada”.

Viggiano acentuó la necesidad de dar mayor protección a las víctimas que temen denunciar por la corrupción dentro de las instituciones. 

“Si el 97 % no denuncia, no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con la Barredora, están quienes protegen a los que delinquen fuera”.

Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía, expresó que comparten lo planteado en la nueva ley en general pero también mostró su preocupación por la existencia de recursos suficientes para la ley, ya que el artículo noveno transitorio señala que no habrá recursos adicionales ni ampliaciones presupuestales.

“¿Con qué recursos se van a crear las unidades especializadas en materia de extorsión? ¿Quién va a capacitar, a evaluar a los ministerios públicos, analistas, policías? ¿Con qué recursos va a operar el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión que tiene a su cargo la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana? Los mecanismos de atención y protección a las víctimas y a los testigos también requieren recursos adicionales para ser eficaces”.

La legisladora advirtió que si no se asignan recursos suficientes, las nuevas normas no pasarán de ser buenas intenciones.

Al respecto, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, argumentó que si bien la nueva ley establece que no habrá recursos adicionales, en el Presupuesto de Egresos para el 2026 ya se contemplan recursos.

El senador leyó el artículo citado, que señala que “las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado de los sujetos obligados por este instrumento…”. 

“Esto quiere decir que ya hay recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación porque para eso los sujetos obligados tienen este dinero”. 

La morenista Nora Ruvalcaba aseguró que la ley representa una herramienta de pacificación y reconstrucción del tejido social.  

La legisladora destacó que solo en nueve entidades no hay una fiscalía especializada para atender el delito, en las que deberán operar las unidades contra el secuestro, en lo que se establecen los nuevos organismos que manda la ley.

Con información de Animal Político