Buscan integrar asentamientos a programas federales de vivienda

CANCÚN, Quintana Roo, 27 de mayo. – Con el objetivo de regularizar 35 colonias irregulares en Benito Juárez y abrir la posibilidad de acceder a programas de vivienda social, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) sostuvo una reunión con distintas instancias federales para avanzar en censos y estudios técnicos.

El encuentro contó con la participación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.

El presidente estatal de CODUC, Rafael Quintanar González, explicó que durante décadas ejidatarios comercializaron terrenos sin certeza jurídica aprovechando la necesidad de vivienda de miles de familias.

Señaló que esta situación también fue tolerada por gobiernos anteriores, lo que derivó en la creación de más de 200 asentamientos irregulares en Benito Juárez.

El dirigente indicó que muchas de estas colonias carecen actualmente de servicios básicos y seguridad jurídica para sus habitantes.

Quintanar González destacó que la regularización es indispensable para que estas zonas puedan acceder a programas federales de vivienda.

Explicó que, mediante esquemas de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), personas sin seguridad social podrían acceder a viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados.

Asimismo, los trabajadores afiliados al INFONAVIT también podrían ser beneficiados con programas de vivienda formal.

El líder de CODUC subrayó que para lograr estos avances es necesaria la organización comunitaria y la colaboración de los habitantes.

Advirtió además sobre abusos cometidos por grupos vinculados a la venta irregular de tierras, quienes buscan cobrar nuevamente los predios con precios “actualizados”.

Detalló que terrenos que originalmente costaron alrededor de 100 mil pesos actualmente son revendidos entre 300 y 400 mil pesos.

Finalmente, señaló que el objetivo es brindar certeza jurídica y mejores condiciones de vida a familias de bajos ingresos que habitan en asentamientos irregulares.