CALICA acusa al Gobierno del Estado de arbitraria y violenta la toma de muelle de Punta Venado
CALICA acusa al Gobierno del Estado de arbitraria y violenta la toma de muelle de Punta Venado.
PLAYA DEL CARMEN.- A pesar de haber alcanzado un acuerdo con CEMEX para el uso de la terminal portuaria de Punta Venado, Calizas Industriales del Carmen (CALICA), mantiene la batalla legal, pero hacia las autoridades estatales que intervinieron la madrugada del 14 de marzo para cumplir un mandato judicial el intervenir dichas instalaciones.
Específicamente la ampliación y/o prorroga de las medidas de protección dictadas dentro de la Carpeta de Investigación FGE/QROO/SOL/01/482/2023 mismas que fueron notificadas mediante los oficios FGE/QROO/DRMPRM/UDR/03/1441/2023 y FGE/QROO/DRMPRM/UDR/03/1444/2023 el 21 de marzo de 2023, y por las cuales la transnacional pidió una suspensión que no le fue concedida, de modo tal que ahora promueve un juicio de revisión.
Hay que recordar, derivado del conflicto entre la cementera y CALICA, CEMEX presentó un recurso legal para que se le permitiera el uso del puerto y descargar material. Por ello, en un operativo conjunto entre la Fiscalía, Guardia Nacional y Marina, se ingresó a las instalaciones por orden de un juez y la filial de Vulcan Materials promovió diversos amparos contra autoridades federales y estatales.
En este sentido, y en el caso del gobierno del Estado, como se lee en estrados, en el expediente número 302/2023 del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la Ciudad de Cancún, 302/2023, el denunciante Rancho Piedra Caliza promovió amparo contra la Gobernadora Constitucional del Estado, Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Específicamente, la empresa denunció “el ingreso o irrupción furtiva, arbitraria y violenta a las 5:40 de la mañana del día 14 de marzo del 2023, sin mandamiento escrito emitido por una autoridad competente que funde y motive el acto reclamado, mismo que ocasionó, y continúa ocasionando, un actuar de molestia en la propiedad privada”.
Además, reclamó el apoderado y/o aseguramiento y/o embargo y/o la confiscación de las instalaciones del muelle y los actos de violencia, en contra de los empleados del mismo lugar.
El Juzgado Noveno de Distrito negó la suspensión completa y, en consecuencia, CALICA metió este recurso de revisión en el Juzgado Segundo.
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