PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 28 de mayo. – La Secretaría de Servicios Públicos de Playa del Carmen enfrenta una seria afectación económica derivada de las conexiones irregulares a la red eléctrica por parte de comercios ambulantes, lo que ha disparado los costos del suministro de energía para el alumbrado público. De acuerdo con la titular de la dependencia, Julieta Martín, las pérdidas pueden alcanzar hasta 300 mil pesos mensuales, acumulando cerca de un millón de pesos en el último cuatrimestre.
“La fuga de energía provocada por el uso clandestino de corriente eléctrica por parte del comercio informal representa no solo un gasto significativo, sino un riesgo para la infraestructura pública y la seguridad”, advirtió la funcionaria, quien subrayó que esta práctica afecta directamente el desempeño de los sistemas de alumbrado público en distintas zonas del municipio.
Ante esta problemática, la dependencia ha comenzado a establecer mesas de diálogo con los sindicatos que agrupan a los vendedores ambulantes, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, para buscar alternativas de regularización que permitan reducir el impacto financiero y garantizar condiciones mínimas de legalidad.

Martín subrayó que estas conversaciones buscan “un punto de equilibrio entre las necesidades de los vendedores y el respeto al uso de la infraestructura pública”, al tiempo que reconoció la creciente tensión entre los comerciantes establecidos y el comercio informal, especialmente por el uso de servicios sin autorización y en condiciones de competencia desigual.
El aumento descontrolado del comercio informal y su apropiación de servicios públicos sin regulación también genera cuestionamientos sobre la eficacia del ordenamiento urbano y la capacidad del gobierno municipal para controlar el uso de la vía pública. Mientras tanto, los costos los sigue absorbiendo el erario.
La funcionaria anunció que se están evaluando medidas sancionatorias y esquemas de incorporación al padrón municipal de servicios para vendedores en vía pública, aunque no se precisó si dichas sanciones implicarán cortes de energía o multas económicas.
El tema vuelve a poner en tela de juicio la permisividad con la que operan muchos puestos ambulantes en Playa del Carmen, y los vacíos normativos que permiten que prácticas irregulares afecten de forma directa al gasto público y al desarrollo urbano ordenado.

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