Cuestionan gasto de Congreso de Quintana Roo

CANCÚN,  Quintana Roo, 26 de Agosto.-  En medio de fuertes reclamos por la opacidad y lo oneroso que resulta para Quintana Roo el Poder Legislativo estatal, 16 cámaras empresariales y colegios de profesionistas integrados en el llamado Observatorio Legislativo presentaron a los diputados electos de la siguiente Legislatura la agenda de temas que consideran prioritaria para enmendar algunos de los excesos que se han cometido por el actual gobierno estatal, como el llamado paquete de impunidad, al igual que “las deshonrosas primeras posiciones a nivel nacional” en referencia al sobre endeudamiento del estado.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Quintana Roo, se refirió a lo escandaloso que es la reforma a la Constitución del estado, la cual asigna presupuestos mínimos a diversas dependencias y órganos de gobierno, ya que en el caso del Congreso estatal, esto implicará que el presupuesto del Legislativo pase de 350 millones de pesos a 750 millones para el ejercicio fiscal del 2017, lo cual no tiene justificación dado el desempeño que ha demostrado el Poder Legislativo, mostrándose como un apéndice del gobernador en turno.

En este punto, las cámaras empresariales hicieron referencia al reciente estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, que establece que el Congreso de Quintana Roo es el número 12 más caro del país, pues cada sesión del Congreso cuesta a los ciudadanos quintanarroenses 4.6 millones de pesos.

Voto de confianza

Ante la presencia de 16 de los 25 diputados electos de todas las fuerzas políticas, Isaac Reza, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, se refirió al contraste que significa ocupar los primeros lugares en niveles de deuda y, al mismo tiempo, los últimos sitios en infraestructura urbana, hospitalaria y educativa.

Cuestionó de manera directa al Legislativo del estado por aprobar “sin chistar” las iniciativas del gobernador Roberto Borge, las cuales privilegian intereses de grupos y de sus respectivos partidos, sin análisis previo y en la más escandalosa de las opacidades.

Wexford Jame Tobin Cunningham, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, dijo de manera tajante que la convocatoria realizada para presentar la agenda del Observatorio Legislativo significa un voto de confianza a los diputados que iniciarán funciones en septiembre próximo, “pero es sólo un voto de confianza, no dos ni tres, sólo uno”.

Eduardo Galaviz Ibarra destacó que en primer lugar de la agenda legislativa debe estar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como requisitos indispensables para transformar la percepción que hoy se tiene del Poder Legislativo.

Además, exigirán que se cumpla con la armonización de las leyes estatales en materia de transparencia y acceso a la información, así como en todo lo referente al sistema anticorrupción, que implicaría necesariamente hacer una revisión y contrarreforma de todo lo que se ha aprobado, como el llamado paquete de impunidad del gobernador Roberto Borge Angulo.

Otro punto en la agenda del Observatorio Legislativo es eliminar, por anacrónica, la llamada Gran Comisión del Congreso, que permite a los cinco diputados que la integran que definan de manera unilateral la agenda económica, política y social que se discutirá a lo largo de todos los periodos legislativos.

También proponen la eliminación del rubro de ayudas sociales que ejerce el Poder Legislativo, pues en el 2015 este concepto representó un gasto de 42 millones de pesos que no se auditan ni se conoce con certeza si en realidad se emplean en “ayuda social”, la cual es una función que no le corresponde desempeñar al Legislativo.

Otras propuestas

Los empresarios también incluyeron en su agenda la eliminación de 10% de impuesto adicional en el municipio de Benito Juárez, así como derogar la figura del deudor solidario tanto del Código Fiscal de Benito Juárez, como de la Ley de Hacienda del estado. De la misma manera, solicitaron crear una procuraduría de la defensa del contribuyente estatal y municipal, así como crear una secretaría de innovación, ciencia y tecnología.

En el rubro inmobiliario exigen establecer una ley para el control de inmuebles en abandono y hacer un exhorto al Congreso de la Unión para modificar el Artículo 27 constitucional.(FUENTE: El Economista)

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