Cumple Sedesol 25 años más recursos, mismos pobres
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de Mayo.- En 1992 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con la finalidad de implementar el Programa Nacional de Solidaridad, que entonces fuera la punta de lanza de los programas sociales de su gobierno.
Desde entonces, la dependencia ha sido la encargada de aplicar la política social dictada durante cinco sexenios, doce secretarios la han encabezado y hoy opera el programa social más grande del país, que conforme han pasado los tiempos ha venido cambiando de nombre y hoy se conoce como “Prospera”.
No obstante, sus resultados son cuando menos decepcionantes.
De acuerdo con cifras del INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, la pobreza no se ha reducido de forma sustancial y continúa concentrándose en los mismos estados que hace casi dos décadas.
Aunque el gobierno se resista a reconocerlo, las políticas asistenciales y en buena medida clientelares, no han funcionado y en lugar de promover otro tipo de iniciativas que tiendan a una mayor actividad económica como podría ser la capacitación y certificación en labores y oficios entre la población más necesitada, se ha dedicado a regalar recursos, prácticamente sin resultados.
No obstante, Sedesol es actualmente la tercera secretaría de Estado con mayor presupuesto, superada sólo por las carteras de Educación y de Salud.
La actual administración de Enrique Peña Nieto se perfila como la que asigne a esta secretaría mayor presupuesto de su historia, pues entre 2012 y 2017, ya suma más de 588 mil 514 millones, y aún falta un año de ejercicio.
A pesar de que en 2010, se modificó la metodología para la medición de la pobreza; las cifras oficiales permiten concluir que, en el último cuarto de siglo, ha sido imposible acabar con este flagelo.
Alguien con dos dedos de frente, debería interpretar que no se ha marchado por el camino correcto.
En el 2014 -la medición más reciente de Coneval-, la población en condición de pobreza equivalía al 53.2 por ciento del total nacional y el 20.6 por ciento de la población tenía ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo, es decir vivían en el nivel de pobreza extrema.
Los estados más pobres del país siguen siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, lo que demuestra que tanto a nivel federal como estatal los esfuerzos han resultado fallidos y si a eso se suman los índices de inseguridad y la presencia del crimen organizado en dichas entidades, principalmente en Guerrero, la situación es aún peor.
Según el economista Mario Luis Fuentes, buena parte de la explicación del fracaso de la política social se encuentra en su diseño.
Los programas sociales en las décadas de los 80 y 90 tenían como objetivo reducir el costo social de las reformas económicas impulsadas por el gobierno federal, pero de igual forma pretendían las capacidades necesarias para que la gente pudiera incorporarse al mercado laboral que teóricamente se daría a partir del desarrollo económico que dichas reformas suponían.
La realidad, el desarrollo económico y las supuestas fuentes de empleo nunca llegaron.
Fuentes, quien fuera director del IMSS por un breve período durante el sexenio de Vicente Fox, señala que en la actualidad las políticas económica y social están completamente disociadas, a pesar de que una es resultado de la otra.
“La gran explicación a la incapacidad de las distintas administraciones para generar una disminución de la pobreza tiene que ver con la fractura del empleo, ahí está la respuesta. La pregunta es ¿por qué no ha crecido la economía si ha habido tantas reformas, si tuvimos una renta petrolera brutal, sobre todo en el sexenio 2000-2006?”, cuestiona.
Por otro lado, según Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación AC (una organización civil especializada en la evaluación de programas sociales), otra explicación del fracaso de Sedesol es que esta renunció a hacer política social.
El especialista indica que Sedesol ha privilegiado el uso político de los programas sociales por encima de la construcción de una estrategia nacional basada en la universalización de derechos.
“Lo que requerimos es la voluntad política de un liderazgo que tiene que venir de un proyecto de país, desde la Presidencia de la República, para reconocer que este modelo no está funcionando y que ahora estamos dispuestos a poner por delante al país, a los pobres y a las personas vulnerables, más que a los beneficios o la renta política”, afirma.(FUENTE: Reforma)
